SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Tobías Crespo, acusó al Gobierno de utilizar recursos del Estado para atacar a la oposición y para mentirle al pueblo.
Advirtió que cuando se utilizan los recursos del Gobierno para esos fines, el efecto se revierte, “porque la gente se cansa”.
En ese orden, al ser entrevistado en el programa “No se diga más”, que se difunde de lunes a viernes, de 12:00 a 2:00 pm, por Top Latina 101.7 fm, Tobías Crespo señaló que para que haya Gobierno debe haber oposición, “
“Al parecer, el Gobierno no quiere tener oposición por eso tú ves que está pagando 1700 millones en contratos para pagar publicidad para atacar opositores de manera directa”, sostuvo.
Asimismo, resaltó que desde la Fuerza del Pueblo no se oponen a los financiamientos ni a los préstamos por entender que no son malos, sin embargo, entiende que, si los mismos no dejan una impronta, sí son malos.
“Lo que está haciendo este Gobierno con los casi 16 mil millones de dólares que está tomado de préstamos es para apoyo presupuestario, es decir, que ninguno de los 35 préstamos que ha tomado el Gobierno de Luis Abinader, del 16 de agosto para acá va a dejar un legado, va a dejar una impronta, va a dejar una obra y eso se está yendo a gastos corrientes”, criticó diputado.
Punta Catalina
En otro orden, Tobías Crespo criticó la rapidez con que se busca aprobar en la Cámara de Diputados la iniciativa del Poder Ejecutivo que suprime a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS) y que, a su vez, crea la Empresa Generadora de Electricidad Punta Catalina.
Insistió en que ese proyecto busca privatizar la energía.
“Al parecer los esquemas de fideicomiso que tiene el presidente de la República y su Gobierno es de entregar lo poco público que queda si llegamos al 2024 y seguimos en esa envolvente no habrá ningún bien del Estado”, criticó.
El proyecto que elimina la CDEEE y la UERS se conoce en la Cámara de Diputados, donde tuvo una primera aprobación y trece opiniones de 12 legisladores.
