SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, presentaron el pasado viernes 4 de julio de 2025, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una querella penal con constitución en actor civil contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña.
La acción penal detalla una compleja trama de intentos de soborno —con sumas ofrecidas de hasta un millón de dólares estadounidenses y RD$3,000,000.00 mensuales—, amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del INTRANT. El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país.
El contrato, suscrito originalmente en enero de 2020 por un periodo de cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias. A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del INTRANT, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional.
Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley núm. 448-06, asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley núm. 155-17, estafa contra el Estado, y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La querella —respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios— subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos. Además, se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser depurada por el órgano persecutor.
Este tipo de acción es inusual en el país. Por lo general, los delitos de corrupción administrativa son perseguidos por el Ministerio Público en nombre del Estado. La decisión de un funcionario de alto nivel de ejercer directamente la acción penal constituye un precedente excepcional difícilmente documentado en bases judiciales, registros oficiales o archivos de medios de comunicación.
