SANTO DOMINGO.-La Universidad APEC (Unapec), en conjunto con el Observatorio Global de Ciencias Jurídicas y Cambio Global para el Desarrollo, realizó el panel internacional “Cibercriminalidad y sociedad: desafíos contemporáneos”, un espacio de análisis y reflexión que reunió a autoridades, juristas y especialistas nacionales e internacionales para abordar los crecientes retos que representan los delitos cibernéticos para la justicia, las instituciones y la sociedad.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Elsa María Moquete, vicerrectora Académica de la Universidad APEC (UNAPEC), quien destacó que la acelerada transformación digital ha abierto extraordinarias oportunidades para el desarrollo de la sociedad, pero también ha generado nuevos riesgos y modalidades delictivas que trascienden fronteras y afectan a personas, empresas, instituciones y Estados. En ese sentido, advirtió que la cibercriminalidad constituye uno de los grandes desafíos contemporáneos, al comprometer la seguridad, la privacidad de los datos, los derechos fundamentales y la confianza en los entornos digitales, por lo que llamó a fortalecer los marcos normativos, las instituciones, la formación ciudadana y la cooperación internacional para enfrentar con eficacia los delitos informáticos.
Por su parte, la Dra. Esther Angelán Casasnovas, exjueza emérita de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y especialista en derecho y cibercriminalidad, llamó la atención sobre el creciente impacto de la desinformación en los entornos digitales. Sostuvo que este fenómeno debe ser examinado también desde la perspectiva de la ciberdelincuencia, debido a prácticas cada vez más sofisticadas, como la suplantación de identidad, la creación de perfiles falsos y el uso de inteligencia artificial para fabricar imágenes, audios y voces capaces de distorsionar la realidad.
La jurista advirtió que estas herramientas pueden convertirse en una seria amenaza, especialmente durante los procesos electorales, cuando la manipulación de contenidos puede incidir en la percepción y las decisiones de la ciudadanía. Ante este escenario, Angelán Casasnovas abogó por la aprobación de una legislación integral de ciberseguridad que establezca reglas claras para la protección, gestión y uso responsable de los datos, tanto en las instituciones públicas como en el sector privado.
A su vez, el general retirado Claudio Miguel Antonio Peguero Castillo, asesor en Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, afirmó que la educación y la prevención constituyen pilares fundamentales para reducir el impacto de los delitos cometidos en entornos digitales. A su juicio, una ciudadanía mejor informada tiene mayores herramientas para identificar amenazas y evitar convertirse en víctima de los ciberdelincuentes.
Peguero Castillo explicó que prácticas como el phishing, los fraudes a través de WhatsApp y el robo o secuestro de cuentas continúan afectando a numerosos usuarios, en gran medida por el desconocimiento de las estrategias de ingeniería social empleadas para engañar, manipular y obtener información personal o financiera.
Asimismo, consideró indispensable seguir robusteciendo las unidades especializadas de la Policía Nacional y del Ministerio Público, actualizar y perfeccionar el marco jurídico y profundizar la capacitación de jueces, fiscales e investigadores en materia de ciberdelincuencia y manejo de evidencia digital, como parte de una respuesta integral ante amenazas cada vez más sofisticadas.
Durante su intervención, Keren Riquelme Cabrera, directora de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, abogó por una mayor cooperación entre los países de la región, mediante el intercambio de inteligencia, información estratégica y experiencias que permitan responder de manera más efectiva a las redes criminales que operan más allá de las fronteras.
Riquelme Cabrera advirtió que el crimen organizado ha demostrado capacidad para articularse y actuar a escala internacional, por lo que consideró indispensable que los gobiernos, las universidades y los sistemas de justicia fortalezcan sus alianzas y construyan una respuesta común. A su juicio, enfrentar estructuras delictivas cada vez más coordinadas exige una acción conjunta, sostenida y con visión regional.
En ese sentido, la magistrada de la Corte de Apelación de Guatemala, Elia Perdomo, advirtió que la lucha contra la ciberdelincuencia enfrenta importantes desafíos debido al anonimato de los responsables, la rápida desaparición o modificación de los datos digitales y el uso de infraestructuras tecnológicas que pueden operar desde distintos países, lo que complejiza las investigaciones y la persecución penal más allá de las fronteras nacionales.
Perdomo manifestó especial preocupación por el aprovechamiento de las herramientas digitales para facilitar delitos vinculados a la trata de personas, particularmente aquellos que afectan a niños. Ante este escenario, abogó por la creación de órganos jurisdiccionales especializados y por una mayor inversión en capacidades tecnológicas que permitan fortalecer la respuesta de las instituciones guatemaltecas frente al crimen cibernético.
Al tomar la palabra, la magistrada Gladys Martínez, jueza de Garantías Penales de Ecuador, destacó la importancia de reforzar la articulación entre los organismos policiales, los sistemas de justicia y los gobiernos, mediante canales confiables que faciliten el intercambio de información y la ejecución coordinada de operativos entre distintos países.
Martínez advirtió, además, que los cambios de administración gubernamental pueden afectar la continuidad de determinadas políticas públicas. En ese sentido, abogó por impulsar estrategias de Estado de largo plazo, capaces de trascender los ciclos políticos y garantizar una respuesta sostenida y efectiva frente a la criminalidad.
Durante el encuentro intervinieron el Dr. Jorge Corporán, presidente del Observatorio Global de Ciencias Jurídicas, y el Dr. Jephté Lamy, presidente de Cambio Global para el Desarrollo, quienes destacaron la importancia de generar escenarios de discusión y cooperación que permitan comprender las nuevas manifestaciones de la criminalidad asociadas al desarrollo tecnológico y sus repercusiones sociales y jurídicas.
El panel fue moderado por el Lic. Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad APEC, quien condujo el intercambio de conocimientos y perspectivas entre los especialistas participantes.
Entre las personalidades presentes estuvieron, además, la Sra. Rosi Orozco, exdiputada de México y presidenta de la Fundación Unidos Contra la Trata de México; la Dra. Leonor Farray, directora de Posgrado de Unapec; y la Dra. Aurora Espinosa, abogada, conferencista internacional, catedrática universitaria e investigadora.
Con la realización de “Cibercriminalidad y sociedad: desafíos contemporáneos”, UNAPEC fortalece los espacios académicos de discusión sobre fenómenos que impactan directamente el presente y el futuro de las sociedades, propiciando el intercambio internacional de conocimientos ante una criminalidad que evoluciona al ritmo de la tecnología y que exige respuestas jurídicas, institucionales y humanas cada vez más coordinadas.
