SANTO DOMINGO.-Los abogados de la corriente gremial conciencia legal, miembros activos del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) han sometido ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una solicitud de medida cautelar anticipada con el objetivo de que sea designado un administrador judicial provisional colegiado para dirigir temporalmente el gremio.
La misma será virtual el próximo jueves 18 de junio, a las 9:00 de la mañana, en el Tribunal Superior Administrativo (Sede de la Jurisdicción Inmobiliaria). Los abogados han solicitado que esta audiencia sea presencial, sin embargo, el tribunal la ha fijado en la virtualidad. A la audiencia se ha convocado a los aspirantes a presidentes a presidir el CARD. El juicio legal es con el fin de solucionar la crisis y también, para que se lleguen a celebrar las elecciones transparentes dirigidas por jueces, fiscales y defensores públicos.
La acción fue interpuesta por los juristas Amado Américo Moquete Tena, Mercedes Cruz Sánchez, Robinson Francisco Martínez Rosario y Dennys Otoniel Figuereo, quienes sostienen que el CARD atraviesa una crisis institucional, administrativa y financiera derivada del conflicto surgido tras las elecciones celebradas el 2 de diciembre de 2023.
Los accionantes explican que la disputa por la presidencia del gremio entre los abogados Trajano Vidal Potentini y Yohan López Diloné mantiene a la institución en un “limbo jurídico”, afectando el funcionamiento administrativo del colegio, sus seccionales y la prestación de servicios a los abogados y a la ciudadanía.
En la instancia depositada ante el TSA, los abogados solicitan que el tribunal designe una administración provisional integrada por reconocidos profesionales del derecho y la contabilidad, con la finalidad de garantizar la continuidad institucional, organizar las próximas elecciones gremiales previstas para diciembre de 2026 y supervisar el manejo de los fondos públicos que recibe el CARD.
Asimismo, la solicitud pide que la Tesorería Nacional, la Procuraduría General de la República y la Cámara de Cuentas colaboren con el proceso de supervisión y entrega de recursos económicos correspondientes al gremio, conforme a las disposiciones de la Ley 3-19 que regula el Colegio de Abogados.
Los juristas sostienen que la medida cautelar busca preservar la estabilidad institucional del CARD y evitar mayores perjuicios a la clase jurídica nacional mientras el Tribunal Constitucional decide definitivamente los recursos pendientes relacionados con el proceso electoral interno del gremio que datan del 2023.
