Puerto Ordaz (Venezuela).- Una semana después del despliegue militar de Estados Unidos y Venezuela que terminó con la muerte de uno de los líderes criminales más buscados de Suramérica, Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, la incertidumbre se apodera de algunas zonas mineras en el sureste del país caribeño.
Poblaciones como Las Claritas, el Kilómetro 88 y zonas aledañas, en el estado Bolívar -el más grande de Venezuela, de unos 240.000 kilómetros cuadrados y donde se ubica el codiciado Arco Minero del Orinoco-, se preguntan por el paradero de otros cabecillas de organizaciones delictivas, el alcance de la operación y las consecuencias que traerá para esta región, cuya principal moneda es el oro.
«El pueblo está tranquilo. Se han rechazado los saqueos y es la única protesta que se ha hecho. Los primeros días nadie quería abrir los negocios. Después íbamos viendo cómo se desarrollaba la situación, pero no se dice nada más», dijo a EFE Laura, una residente de Las Claritas que decidió utilizar un seudónimo para identificarse por motivos de seguridad.
En estas áreas en el sur de Venezuela, próximas a la frontera con Brasil y al territorio en reclamación con Guyana, la dinámica diaria está marcada por el control de líderes de grupos irregulares armados que impusieron su propia ley. Laura, por ejemplo, cuenta que ellos pueden llegar a aliarse con las autoridades.
La opacidad del operativo
Fotografía de una embarcación atravesando el río Cuyuní, en el estado de Bolívar, que fue epicentro de un despliegue de autoridades de Estados Unidos y Venezuela que derivó en la muerte de Héctor Rustherford Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero, considerado el líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, en el sur de Venezuela. EFE/ Archivo particular
Sin embargo, el martes 9 de junio los habitantes de Las Claritas fueron sorprendidos por un despliegue de fuerzas de seguridad que apuntaba contra estas estructuras criminales.
Según los rumores que corrían en el pueblo, las autoridades buscaban a Yohan José Romero, alias Johan Petrica, miembro de la banda transnacional Tren de Aragua y lugarteniente del Niño Guerrero; y a Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como Negro Juancho y líder de una banda criminal en Las Claritas, de quienes hasta la fecha se desconoce el paradero.
Fueron tres días de silencio oficial hasta que el viernes 12 de junio en la noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre la captura del Niño Guerrero en un ataque «rápido y letal» del Comando Sur estadounidense en Venezuela.
Washington ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por el considerado líder del Tren de Aragua.
Horas después, el Gobierno venezolano, que negaba la presencia de Guerrero en su territorio, confirmó el deceso y el operativo en el «sureste de Venezuela», sin más detalles.
Este lunes aseguró que con la muerte de este hombre también cayeron «centros operativos» criminales, sin que enumerara quiénes fueron dados de baja, cuántos ni cómo.
El desplazamiento
Las autoridades de estos pueblos tampoco se han pronunciado, aunque el ministro de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, Héctor Silva, sostuvo una reunión con trabajadores de Las Claritas para evaluar la situación de la actividad minera, la seguridad en la zona y el posible desplazamiento de lugareños.
«El desplazamiento hacia otro municipio, hacia otro estado, sí está sucediendo», expresó el lunes Coromoto Lugo, alcalde de El Callao, localidad ubicada a unos 185 kilómetros de Las Claritas.
El funcionario advirtió que El Callao está «colapsado» y que en los últimos 10 años la población pasó «de 30.000» a «100.000 habitantes», debido a la llamada «fiebre del oro» por el Arco Minero del Orinoco.
«Los servicios en el suelo (no dan abasto). Imagínate que si entran 5.000 o 10.000 personas más», añadió.
La población en Las Claritas también ha crecido de forma exponencial.
El censo nacional de 2011 la ubicaba en casi 6.000 habitantes y un estudio realizado por Médicos Sin Fronteras en 2020 la cifró en 90.000 residentes.
Pero tras el operativo de la semana pasada «muchos mineros se han ido», comentó a EFE Ana, quien ha vivido 20 de sus 53 años en ese lugar.
«Dicen que ahora todo lo manejarán los gringos. Hay incertidumbre porque muchos viven de la minería y no se sabe exactamente qué pasará con ellos. Hasta el comercio se beneficia del minero», añadió la mujer que también usó un seudónimo.
Las opiniones son diversas: unos aplauden la acción de Trump por considerar que contribuirá a que cesen las extorsiones a comerciantes por parte de las bandas mineras o sindicatos, mientras otros defienden a quienes controlan las minas ilegales por las dádivas que otorgaban a algunos habitantes.
«Hoy dicen que los pranes (como se conoce en el país a líderes de las cárceles) son los malos, pero cuando recibían dinero, comida, electrodomésticos, nadie se quejaba», sentenció un minero de la zona.
La organización independiente International Crisis Group ha señalado que desde hace dos décadas en el sur de Venezuela se extrae oro de forma ilícita.
No existe un dato exacto sobre el número de bandas que operan en la zona, pero ONG han reportado la presencia de guerrillas colombianas como la extinta FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de organizaciones criminales venezolanas y extranjeras.
