COLOMBIA.-La especialista dominicana Stephany Rosario advirtió en Cali que las políticas de contratación deben facilitar la formalización de los proveedores locales y aprovechar las compras públicas como herramienta para dinamizar la economía de las comunidades, al tiempo que dijo que el país no puede seguir aprobando normas que las instituciones no tienen capacidad de cumplir.
«Yo no puedo seguir haciendo reglas para que no se cumplan», dijo la fundadora y líder de FORLEX Firma Consultora durante su participación en el IV Congreso Internacional de Contratación Pública, celebrado en la referida ciudad colombiana.
Rosario Zarzuela representó a República Dominicana en el panel titulado «Reformas institucionales y regulatorias para consolidar la profesionalización de la compra pública».
La mesa, moderada por Enrique Díaz Bravo, de la Universidad de Sevilla y REDICOP, reunió además a Juan José Pernas García, de la Universidade da Coruña, España; Liz María Centurión, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay; Luis Ferney Moreno Castillo, de la Universidad Externado de Colombia, y Aníbal Rodríguez Letelier, decano de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Chile.
El congreso fue organizado por la Universidad de San Buenaventura, sede Cali, y la Red Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP). Contó con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Observatorio de Contratación Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia, Colombia Compra Eficiente.
Más allá de los certificados
La especialista sostuvo que profesionalizar el sistema de compras no se reduce a impartir cursos ni a entregar certificaciones a los servidores públicos.
Explicó que un funcionario capacitado no garantiza por sí solo un sistema profesional. Por eso considera necesario fortalecer a todos los que intervienen en los procesos, entre ellos los comités de compras, los peritos y las unidades técnicas.
Planteó, además, que un sistema verdaderamente profesionalizado debe seguir funcionando cuando cambia el gobierno, sin depender de las personas que ocupan los cargos.
Ministerios y juntas distritales
Rosario recordó que el país tiene 158 municipios y más de 200 distritos municipales, y cuestionó que se apliquen exigencias uniformes a instituciones con capacidades muy distintas.
«Un ministerio puede tener departamento jurídico, unidad de planificación y equipos técnicos especializados. Una pequeña junta distrital, no», fue la idea que defendió ante los participantes.
En ese sentido, explicó el caso de una junta distrital que necesita comprar materiales de construcción. En la comunidad hay una ferretería capaz de suministrarlos, pero no está formalizada para contratar con el Estado, por lo que la compra termina haciéndose en otra localidad, posiblemente a mayor costo.
A su juicio, las políticas de contratación deben responder a esas realidades, facilitar la formalización de los proveedores locales y aprovechar las compras públicas como herramienta para dinamizar la economía de las comunidades.
El reto de la Ley 47-25
Sobre la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que sustituye el marco vigente desde 2006, la especialista afirmó que aprobar una ley no transforma por sí solo el sistema. Su aplicación, dijo, exige cambios en las prácticas y capacidades de las instituciones, y también que los proveedores del Estado se adapten a las nuevas exigencias.
Reconoció los avances de República Dominicana en materia de compras públicas. Explicó que esos avances se valoran en espacios internacionales aunque en el país existan críticas, y que obligan a seguir fortaleciendo las instituciones.
El congreso reunió a especialistas, académicos y representantes institucionales de Iberoamérica para debatir sobre modernización normativa, fortalecimiento institucional, profesionalización, innovación y valor público.
