SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció que iniciará un proceso de sanciones y clausura temporal de los comercios ubicados en la playa de Boca Chica que violaron la normativa que exige exhibir de manera clara los precios por unidad y por libra de los productos ofertados en ese lugar turístico.
El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, indicó que una brigada del Departamento de Inspección y Vigilancia realizó un levantamiento en esa zona de recreación, “y la medida que hemos decidido tomar es que los negocios que no han cumplido con la disposición serán cerrados hasta que cumplan con el mandato y las obligaciones establecidas por la ley 358-05”.
Advirtió que esa institución no permitirá que se sigan cometiendo abusos contra consumidores que se desplazan a esa zona en busca de recreación y esparcimiento.
“No permitiremos distorsiones ni ningún tipo de anomalías que perjudique al consumidor y más en los principales espacios recreativos de nuestras zonas turísticas, a donde van tantas personas a divertirse”, declaró.
El funcionario fue enfático al señalar que no puede haber un solo comercio en Boca Chica que incumpla con esta medida sin enfrentar consecuencias, al tiempo que afirmó que se aplicarán sanciones ejemplares, incluyendo la clausura de los establecimientos y no podrán abrir al público hasta que ejerzan las buenas prácticas comerciales.
Además, prosiguió diciendo, estas acciones no solo buscan restaurar la confianza de los consumidores en los comercios de la zona, sino también establecer un precedente para ser replicado en otros balnearios y lugares de recreación del país.
Se recuerda que semanas atrás Pro Consumidor sostuvo un encuentro con comerciantes del área, otorgándoles un plazo de 15 días para implementar la medida y transparentar la comercialización de los productos vendidos en esa demarcación, el cual venció recientemente sin que muchos de ellos cumplieran.
Finalmente, Alcántara informó que estas acciones forman parte de una política firme para eliminar prácticas abusivas y proteger los derechos de los consumidores en este importante destino turístico.
