SANTO DOMINGO.- Representantes de diversas entidades de personas con discapacidad han denunciado las múltiples barreras que enfrentan para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Estas barreras son el resultado de la invisibilización histórica y las múltiples discriminaciones que sufren, que las excluyen de la esfera pública al considerarlas con pocas posibilidades de realización personal y social. Un análisis reciente de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad evidenció la falta de un marco conceptual y estratégico que integre la discapacidad desde un enfoque de derechos, lo cual perpetúa esta exclusión.
La falta de consideración de las necesidades particulares de las personas con discapacidad en los servicios de salud sexual y reproductiva es alarmante. Se enfatiza la anticoncepción en lugar de ofrecer una consejería integral, y hay una carencia crítica en la formación de proveedores en temas de discapacidad y derechos. Además, los registros y formularios del sistema de vigilancia epidemiológica, como los de mortalidad materna, no recogen información sobre discapacidad, lo que invisibiliza a las mujeres con discapacidad y dificulta el ejercicio de su derecho a la salud y a una vida libre de violencias. A pesar de algunos avances en los últimos años, las acciones son insuficientes y no abordan temas cruciales como la reproducción y la sexualidad, debido a representaciones socioculturales que las presentan como seres dependientes e infantiles.
El cuerpo, la violencia de género, la sexualidad y la maternidad son preocupaciones centrales para las mujeres con discapacidad, pero la falta de servicios adecuados refleja la poca importancia que se les da a estos temas. Las creencias erróneas de que las personas con discapacidad no deberían ocuparse de su sexualidad o reproducción, bajo el pretexto de cuidado y protección, son comunes. Es imperativo que este tema se coloque en la agenda pública, ya que es un aspecto esencial para la vida y desarrollo de estas mujeres.
