Redacción Internacional.- Las autoridades mexicanas informaron el miércoles que ocho funcionarios o empleados del centro de detención de migrantes son investigados por presunta negligencia en el incendio en el que murieron 39 personas.
La ira y frustración que sobrevinieron al fuego en Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza del norte de México, enardeció con la marcha de cientos de migrantes hacia el punto de entrada a Estados Unidos con la intención de cruzar de forma masiva.
Funcionarios mexicanos trasladan la presunta responsabilidad por las muertes en el incendio principalmente en los guardias de seguridad privada subcontratados por el centro de detención de Ciudad Juárez, cerca de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Un video mostró a guardias saliendo de una sala con humo sin ningún intento de liberar a los migrantes que estaban detenidos.
No se informó de los cargos que se investigan, pero las autoridades aseguraron que emitirán al menos cuatro órdenes de detención al final del día, entre otros, para el migrante que formó parte del grupo que, según describieron, inició el fuego.
Cinco de los investigados por presunto incumplimiento de funciones son guardias de seguridad privada, pero también hay dos agentes federales de Migración y un funcionario del estado de Chihuahua, según la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
La investigación se enfoca en el hecho de que los guardias se van sin, presuntamente, hacer intento alguno de liberar a los hombres detenidos – casi todos procedentes de Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador- antes de que la sala se llene de humo en cuestión de segundos.
Las muertes de los migrantes derivaron en frustración y han sido relacionadas con la marcha masiva de cientos de migrantes el miércoles por la tarde que se dirigían hacía el cruce fronterizo con Estados Unidos con la intención de que las autoridades estadounidenses les dejasen pasar a su territorio.
A la ira derivada por las muertes se añadió la frustración acumulada de migrantes que llevan semanas intentando sacar una cita a través de una aplicación en el celular móvil para presentar ante Estados Unidos una solicitud de asilo. En ese contexto, comenzó a esparcirse el rumor entre los migrantes que Estados Unidos les dejaría pasar el control fronterizo.
Jorman Colón, un migrante venezolano de 30 años, caminaba de la mano con su hija de nueve años, asegurando que había visto en las redes sociales que algunos conocidos habían conseguido atravesar la frontera.
“Queremos entregarnos”, dijo Colón, en referencia al primer paso del proceso de asilo.
Varios cientos de migrantes atravesaron el poco profundo Río Grande, desde México camino a Estados Unidos, y se acercaron al punto de entrada fronterizo que separa El Paso de Ciudad Juárez. Agentes armados hacían guardia en la puerta del lado de Estados Unidos.
Otra migrante venezolana, Victoria Molina, de 24 años, se quejó de que “la aplicación nunca nos da una fecha”.
Un grupo de unos 50 migrantes se acercó a un vehículo y personal de la patrulla fronteriza y ante ellos, se sentaron o arrodillaron en el suelo. Más tarde, cerca de 25 de ellos fueron redirigidos en fila hacia la entrada a Estados Unidos y se marcharon en un autobús blanco similar a los escolares.
Funcionarios de Estados Unidos aseguraron después que en torno a un millar de migrantes han cruzado el río y su trámite está siendo procesado de forma ordenada. Sin embargo, no se especificó si eso implicaba que les permitían quedarse o si eran expulsados en autobús en un punto de control fronterizo formal.
El humo empezó a esparcirse fuera del centro de detención de migrantes el lunes por la noche después de que, presuntamente, un grupo de ellos prendiera fuego a los colchones del centro en protesta ante el temor de ser trasladados o deportados.
Autoridades de Migración aseguraron que 15 mujeres fueron liberadas cuando comenzó el fuego, pero no dieron ninguna explicación sobre por qué no se dejó salir a los hombres.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el miércoles que en el centro había tanto funcionarios de Migración como guardias de seguridad de un contratista privado.
