SANTO DOMINGO.- El abogado y dirigente sindical Mario Díaz expresó hoy su respaldo absoluto a las medidas anunciadas de manera conjunta por el Ministerio de Interior y Policía, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), dirigidas a regular y enfrentar la creciente problemática generada por el descontrolado sistema de motoconcho y el uso indiscriminado de motocicletas en la República Dominicana.
Díaz consideró que las acciones adoptadas por las autoridades representan un paso importante y necesario dentro de las facultades constitucionales y legales del Estado dominicano para preservar el orden público, fortalecer la seguridad ciudadana y proteger la vida y los bienes de la población, conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República y en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El dirigente sindical sostuvo que el fenómeno del motoconcho dejó hace años de ser exclusivamente un tema de transporte informal, para convertirse en una compleja problemática multidimensional con profundas implicaciones sociales, económicas, psicológicas, migratorias, criminales y de seguridad nacional.
“Hoy enfrentamos una crisis estructural que ha impactado negativamente la seguridad vial, la convivencia ciudadana, la autoridad del Estado y la capacidad institucional para ejercer control efectivo sobre el transporte informal y sobre una parte considerable del parque vehicular nacional”, afirmó.
Mario Díaz explicó que el crecimiento acelerado, desorganizado y prácticamente incontrolable de las motocicletas en el país ha provocado un incremento alarmante de accidentes de tránsito, actos delictivos, contaminación sónica, violaciones permanentes a las normas de tránsito y un deterioro progresivo de la percepción de seguridad de la ciudadanía.
Indicó además que diversas estadísticas oficiales reflejan que las motocicletas representan el mayor porcentaje de accidentes fatales y de lesiones graves en las vías públicas, generando una enorme presión económica sobre el sistema nacional de salud, las familias dominicanas y los organismos de emergencia.
Sin embargo, el abogado advirtió que cualquier medida gubernamental dirigida a enfrentar esta problemática debe estar acompañada de decisiones estructurales y de políticas públicas profundas, sostenibles y de largo alcance.
En ese sentido, propuso la suspensión temporal de la importación de motocicletas y de piezas relacionadas por un período mínimo de dos años, como mecanismo extraordinario de contención frente al crecimiento desproporcionado del parque vehicular de motocicletas.
“Si el Estado dominicano no adopta medidas firmes y reales de control sobre la importación y comercialización de motocicletas, todos los esfuerzos institucionales terminarán neutralizados por el crecimiento irresponsable y descontrolado del número de motores que diariamente ingresan al territorio nacional”, precisó.
Díaz manifestó que el país no puede continuar aplicando “paños tibios” frente a una situación que, a su juicio, amenaza directamente la estabilidad social, la seguridad ciudadana y la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las leyes.
Recordó que desde hace más de cuatro años viene advirtiendo públicamente sobre la necesidad de declarar el problema del motoconcho y del uso irregular de motocicletas como un asunto prioritario de seguridad nacional.
Asimismo, expresó preocupación por el crecimiento de actividades informales vinculadas al uso de motocicletas por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados, señalando que una gran cantidad de haitianos se desplazan diariamente en motocicletas realizando labores de motoconcho, delivery, transporte informal y otras actividades económica.
