SANTIAGO.– El abogado Manuel Conde, integrante del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), aseguró este martes que el proceso judicial derivado de la Operación Onco14 enviará un mensaje contundente de que el Estado dominicano no tolerará la corrupción, especialmente cuando afecta recursos destinados a la salud de los sectores más vulnerables.
Al salir del Palacio de Justicia de Santiago, donde fueron impuestas medidas de coerción a los principales imputados del caso, Conde sostuvo que el proceso busca sentar un precedente frente a quienes se apropian de fondos públicos destinados a la atención de pacientes con cáncer.
"En este caso se quiere enviar un mensaje claro desde el Estado dominicano. Es un caso muy sensible porque afecta a las personas más humildes", expresó el jurista.
Conde explicó que, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el presunto entramado habría provocado un perjuicio económico superior a RD$3,750 millones, recursos provenientes tanto del régimen contributivo como del subsidiado del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), siendo este último el más afectado.
"Esta trama ha afectado a los más pobres", afirmó.
Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impusiera 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, y Luisa Vasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD–Casa de Acogida. Además, el tribunal declaró complejo el proceso.
Según el Ministerio Público, la Operación Onco14 desmanteló una presunta estructura criminal que habría desviado durante varios años fondos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), mediante maniobras fraudulentas relacionadas con pagos, contrataciones y el manejo de recursos provenientes del sistema de seguridad social.
La investigación está a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que continúan las pesquisas para determinar el alcance del presunto fraude y establecer si existen otros involucrados que puedan ser sometidos a la justicia.
