SANTIAGO.- El especialista en política, economía sostenible y relaciones internacionales José Torres planteó que la República Dominicana debe evaluar su desempeño económico por la capacidad de las familias para mejorar su poder adquisitivo, acceder a empleos con derechos y sostener su bienestar frente a las crisis.
El exregidor de Santiago presentó estas reflexiones durante la charla «El desarrollo económico de América Latina y República Dominicana», celebrada el 18 de noviembre en el Auditorio de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), como parte de la Semana de la Filosofía 2026 «Convergencias». Compartió el espacio con Raúl Ovalle Marte, director de la Escuela de Economía y especialista en macroeconomía aplicada.
«El crecimiento se convierte en desarrollo cuando producir mejor se traduce en una oportunidad real de trabajar con derechos», sostuvo Torres. Explicó que el incremento de la producción constituye una base para el progreso, cuyo alcance social depende de cómo se distribuyen las oportunidades y de las capacidades que adquieren las comunidades.
Al examinar el crecimiento preliminar de 4,6 % del PIB real dominicano entre enero y septiembre de 2026, respecto al mismo período de 2025, reportado por el Banco Central, señaló que ese avance debe contrastarse con los salarios reales y el empleo formal. Cuestionó una lectura del desarrollo limitada al PIB, porque un promedio nacional no muestra qué familias mejoran sus ingresos ni qué territorios quedan rezagados.
Torres destacó que la informalidad alcanzó al 53,5 % de las personas ocupadas en el país en 2025, según el informe Tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe 2026 de la Organización Internacional del Trabajo. Consideró que avanzar hacia empleos protegidos requiere acompañar a las pequeñas empresas con formación y mejores condiciones para producir y acceder a mercados.
A partir de las experiencias de México, Chile y Costa Rica, argumentó que la integración internacional debe valorarse por el conocimiento que transfiere y los proveedores nacionales que incorpora. Planteó que las reglas de esa integración y las decisiones públicas influyen en quiénes pueden aprovechar sus beneficios.
Para la República Dominicana, propuso fortalecer los vínculos entre el turismo, las zonas francas y los productores locales. Explicó que apoyar la calidad de los productos y la conservación de alimentos puede facilitar contratos de suministro, pero que el resultado debe medirse por el ingreso que conservan las familias después de cubrir sus costos y considerar el aumento de los precios.
En relación con Santiago, advirtió que un encarecimiento internacional de los combustibles puede trasladarse al transporte, a los costos de las empresas y al presupuesto familiar. Por ello, abogó por invertir en eficiencia energética y fortalecer la capacidad productiva local para afrontar las perturbaciones externas.
Torres sostuvo que quienes toman decisiones públicas deben responder por resultados verificables en las comunidades. Llamó a orientar la inversión hacia actividades que mejoren el poder de compra y amplíen el empleo formal, con participación de trabajadores y productores locales en la definición de las prioridades.




