SANTO DOMINGO.-Un tribunal de la provincia La Altagracia impuso distintas medidas de coerción contra cuatro personas vinculadas a la organización, coordinación y ejecución de dos operaciones de tráfico ilícito de migrantes con destino a Puerto Rico, en las que fueron interceptadas 128 personas.
Esto como resultado de operaciones combinadas y de un proceso de investigación y judicialización desarrollado mediante la coordinación interinstitucional.
Las acciones fueron ejecutadas mediante la cooperación operacional entre la Armada de República Dominicana y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (USCG) en Puerto Rico, conjuntamente con las labores investigativas y de judicialización coordinadas con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, fortaleciendo así la respuesta de las autoridades frente a las estructuras criminales dedicadas a esta actividad ilícita.
En una de las operaciones fueron interceptadas 77 personas, mientras que en la segunda fueron detenidas 51, quienes pretendían llegar de manera irregular a territorio puertorriqueño utilizando embarcaciones empleadas para este tipo de travesías clandestinas.
Como resultado de las investigaciones y de las evidencias recopiladas, fueron sometidos a la acción de la justicia Vladimir Lajara Aguasvivas, alias “El Mello”, señalado como organizador, a quien el tribunal impuso tres meses de prisión preventiva.
Asimismo, Winston José Muñoz Rosario y Berto de la Rosa Ortega, vinculados a la operación, les fueron impuesta como medidas de coerción garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida, por un período de seis meses.
De igual manera, IVÁN PEÑA FAÑA, señalado como capitán de la embarcación utilizada en la operación en la que fueron interceptadas 51 personas, recibió garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida, igualmente por un período de seis (06) meses.
De acuerdo con las investigaciones, los imputados estarían vinculados a una estructura dedicada a la organización y ejecución de operaciones de tráfico ilícito de migrantes hacia Puerto Rico, utilizando embarcaciones clandestinas y exponiendo la vida de sus ocupantes a los múltiples peligros asociados a este tipo de travesías marítimas.
Los implicados podrían enfrentar severas sanciones penales, que podrían alcanzar hasta 30 años de reclusión mayor, atendiendo a las circunstancias agravantes atribuidas al caso, entre ellas el intento de trasladar fuera del territorio nacional a personas prófugas de la justicia, así como a decenas de nacionales haitianos indocumentados y en condición migratoria irregular, conforme a las disposiciones de la Ley núm. 46-25, que modifica la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La Armada de República Dominicana destacó que estos resultados evidencian la importancia de la cooperación nacional e internacional para enfrentar las estructuras criminales que se lucran poniendo en riesgo la vida de personas mediante travesías marítimas clandestinas.
En ese sentido, la institución naval reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las operaciones de vigilancia, inteligencia e interdicción marítima, en estrecha coordinación con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, al tiempo que mantendrá su colaboración permanente con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas para identificar, perseguir, apresar y poner a disposición de la justicia a organizadores, capitanes, colaboradores y demás integrantes de estas estructuras criminales.
La Armada reiteró además su llamado a la ciudadanía a no poner en riesgo su vida participando en travesías marítimas clandestinas, y exhortó a abstenerse de colaborar, financiar o facilitar las actividades de personas y organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, una práctica criminal que históricamente ha provocado pérdidas humanas y dolor en numerosas familias dominicanas
