REDACCIÓN. -Los guatemaltecos van este domingo a las urnas para elegir presidente y vicepresidente para los próximos cuatros años, en uno de los comicios más accidentados de la historia reciente del país centroamericano, en los que se excluyó a candidatos opositores y hubo señalamientos de proteger candidaturas que auguran la continuidad del sistema.
Poco más de nueve millones de votantes, la mayoría mujeres, están aptos para elegir también a 160 diputados al Congreso, 340 alcaldes municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
Sin ningún candidato presidencial en las encuestas cerca del umbral requerido del 50%, una segunda ronda de votación entre los dos principales candidatos el 20 de agosto es casi segura. Con tres candidatos excluidos de la boleta por las autoridades, muchos guatemaltecos han expresado su decepción con las opciones y se espera una gran cantidad de votos nulos junto con una participación potencialmente baja.
El presidente Alejandro Giammattei hizo el viernes un esfuerzo por validar el proceso electoral y apaciguar los señalamientos, diciendo que las elecciones son “una muestra más de que vivimos en una democracia sólida y que se consolida con elecciones periódicas, libres y participativas”.
“Como primer servidor público de la nación, les aseguro que mi gobierno ha brindado todas las garantías para que la jornada electoral se lleve a cabo en un clima de paz, transparencia y seguridad”, reafirmó el mandatario.
Los señalamientos han recaído en el Tribunal Supremo Electoral, la máxima autoridad en la materia, por sus criterios discrecionales al momento de inscribir o no a candidatos a cargos de elección. Algunos opositores como Thelma Cabrera, la única mujer indígena de izquierda que pretendía postularse que corría acompañada del exprocurador Jordán Rodas, se les negó la inscripción por falta de requisitos.
Carlos Pineda, candidato de derecha populista que las encuestas daban como favorito, también quedó fuera por presuntas irregularidades en su designación.
Los señalamientos llegan desde dentro y fuera, como el formulado por la exfiscal general Thelma Aldana, asilada en Estados Unidos luego de denunciar persecución y criminalización en su contra. “Lo que no permite elecciones libres y democráticas en Guatemala es la corrupción e impunidad”, dijo en su cuenta oficial en Twitter.
“Operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, estamos en el exilio y presos por luchar contra los corruptos que quieren seguir gobernando”, arremetió la exfiscal.
El Tribunal Supremo Electoral, así como las cortes de justicia, que entran a dilucidar conflictos electorales cuando lo requieren las partes, favorecieron a dos candidatas punteras: Sandra Torres, que llega acompañada de Romeo Guerra, un pastor evangélico, lo cual prohíbe la Constitución; y Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, pese a que la Carta Magna también prohíbe ocupar la presidencia a quién haya encabezado un golpe de estado (como lo hizo Ríos Montt en 1982) y a sus familiares.
En los comicios participan casi 40.000 candidatos que pujan por puestos en los 22 departamentos de Guatemala, un país que no será fácil de gobernar y que es agobiado por la corrupción, narcotráfico, migración, inseguridad y donde la situación se ha agravado los últimos años debido a un deterioro de la democracia y el estado de derecho, según los expertos.
Tiziano Breda, investigador experto en América Latina del Instituto Affari Internazionali en Italia, cree que no habrá mayores cambios en el país con la oferta electoral que hay. “No como los que quisieran ver la mayoría de guatemaltecos”, apuntó.
“Lo que hay en juego es la configuración y correlación de fuerza de los varios partidos en las instituciones que renovarán sus representantes. En este contexto, ninguna fuerza política va a tener la capacidad (o voluntad) de abordar los problemas estructurales del país, incluso el de la corrupción”, indicó. “Frente a este proceso electoral falseado, queda por ver cuál será la respuesta de los guatemaltecos (votos nulos, abstención, etc.)”.
