SANTO DOMINGO. — El Frente Cívico y Social (FCS) advirtió que la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que elimina las candidaturas independientes y su remisión al Poder Ejecutivo colocan al país ante una decisión de Estado: defender la supremacía de la Constitución o abrir una peligrosa etapa de degradación institucional.
El presidente del FCS, Dr. Isaías Ramos, afirmó que “aquí no se discute un privilegio ni una concesión política; se discute si la Constitución obliga de verdad a quienes ejercen el poder”. Recordó que el Presidente de la República juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y sostuvo que ese juramento deja hoy de ser una fórmula protocolar para convertirse en una obligación histórica.
Ramos señaló que la actuación congresual constituye una grave desviación del deber constitucional, porque el artículo 184 hace vinculantes las decisiones del Tribunal Constitucional; el artículo 6 declara nulos de pleno derecho los actos contrarios a la Constitución; y el artículo 22 reconoce el derecho de ciudadanía a elegir y ser elegible. La Sentencia TC/0788/24 sigue vigente y obligatoria para todos los órganos del Estado.
Añadió que el reconocimiento constitucional de los partidos políticos en el artículo 216 no autoriza a convertirlos en un monopolio excluyente del acceso a la representación. Explicó que, si algún sector quiere restringir ese derecho, la única vía legítima es la reforma constitucional prevista por el artículo 267 y, al tratarse de derechos fundamentales, el referendo aprobatorio del artículo 272. En ese contexto, el artículo 210, que regula el referéndum en general, no puede utilizarse para eludir ese procedimiento agravado ni para sustituir el control constitucional ya ejercido por el Tribunal.
El FCS informó que, junto a otras organizaciones cívicas y sociales, ya notificó formalmente al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Administración Pública (MAP) sobre la vigencia y fuerza vinculante de la Sentencia TC/0788/24. También recordó que la Ley 107-13 obliga a la administración a actuar con juridicidad, racionalidad y no arbitrariedad, y prevé responsabilidad por actuaciones antijurídicas.
“Esperamos que el Poder Ejecutivo esté a la altura de observar esta ley. Promulgar una norma que contradice la Constitución, restringe un derecho fundamental y desconoce un precedente vinculante del Tribunal Constitucional no sería un acto administrativo ordinario; sería un grave quebrantamiento del orden constitucional. La democracia no se defiende solo en las urnas; se defiende también cuando el poder acepta que está limitado por la Constitución. Cuando una élite política pretende colocarse por encima de ella, lo que está en juego ya no es una ley: es el destino republicano de la Nación”, concluyó Ramos.
