Santo Domingo.— El Foro y Frente Cívico y Social, a través de su presidente, el Dr. Isaías Ramos, informó que en fecha 17 de abril de 2026 fue formalmente intimada y puesta en mora la Junta Central Electoral (JCE) para que responda, de manera expresa, escrita y motivada, la solicitud depositada ante esa institución el 17 de julio de 2025, relativa a información, requisitos, condiciones, pasos, plazos y lineamientos para viabilizar candidaturas independientes.
La organización explicó que, pese al tiempo transcurrido desde el depósito de la solicitud original, no había recibido respuesta formal por parte de la JCE, razón por la cual decidió activar el correspondiente acto de alguacil de intimación, en defensa del derecho de petición y del deber de respuesta que la Constitución y las leyes reconocen frente a la Administración pública.
“El derecho de petición no es decorativo. La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a formular peticiones a los poderes públicos y obtener respuesta. Y la Administración no puede guardar silencio indefinidamente frente a una solicitud formalmente depositada”, expresó el Dr. Isaías Ramos.
El Foro y Frente Cívico y Social recordó que la solicitud de julio de 2025 se produjo en el contexto del debate constitucional sobre las candidaturas independientes y que la falta de respuesta por parte de la JCE ha obligado ahora a dar este paso formal de puesta en mora.
La intimación otorgó a la Junta Central Electoral un plazo de quince (15) días laborables para emitir respuesta. La entidad advirtió que, de persistir el silencio administrativo, se reservará el derecho de ejercer las acciones constitucionales, administrativas y jurisdiccionales correspondientes.
“La JCE no está obligada a darnos la razón en el fondo. Pero sí está obligada a responder. No estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo una respuesta que la Constitución y la ley obligan a dar”, añadió Ramos.
La organización reafirmó que actuará por vías pacíficas, cívicas, institucionales y constitucionales, y que su interés es contribuir al respeto del derecho ciudadano, la transparencia institucional y la vigencia efectiva del orden constitucional.
