SANTO DOMINGO. – La abogada y especialista en derecho constitucional Dangela Ramírez afirmó que durante la aprobación del nuevo Código Penal se produjo una “disrupción total” del procedimiento establecido por la Constitución, situación que, a su juicio, podría dar lugar a la anulación de la normativa una vez el Tribunal Constitucional conozca los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la pieza legislativa.
Durante una entrevista en el espacio “Cátedra Jurídica”, conducido por el doctor Manuel Conde, Ramírez sostuvo que en el proceso de aprobación del Código Penal se habría vulnerado el procedimiento constitucional que debe observar el Congreso Nacional al momento de sancionar una legislación.
La jurista explicó que uno de los principales cuestionamientos radica en que el proyecto finalmente sometido a votación en el Senado no correspondía al mismo texto que había sido aprobado previamente por la Cámara de Diputados.
“Tú ves las actas, y el presidente del Senado presionado porque tenía que votarse, comienza a dar lectura a un informe interno de una comisión interna de la Cámara de Diputados y al final lo que se vota es ese informe interno de una comisión interna de la Cámara de Diputados, no el proyecto de Código Penal que se votó en la Cámara de Diputados, porque llegó bastante tarde”, explicó.
Ramírez sostuvo que esta situación tendría importantes consecuencias desde el punto de vista constitucional, debido a que el Senado debió conocer el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y no un informe interno de una comisión.
“Al final resulta que, con esta presión de que tenía que haber código, resulta que lo que aprobó el Senado no fue el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces eso tiene un efecto importante, porque al final hay una disrupción total del procedimiento constitucional”, alertó.
Violación a la separación de poderes
La especialista afirmó además que durante el proceso se produjeron violaciones a la separación de poderes y al principio democrático, establecidos en los artículos 98 y 99 de la Constitución de la República.
Ramírez consideró que la situación no debe analizarse únicamente desde el punto de vista del contenido de la nueva legislación, sino también tomando en cuenta la forma en que fue aprobada, debido a que el procedimiento legislativo constituye una garantía del principio democrático.
Advierte posibles consecuencias
La especialista señaló que los cuestionamientos podrían adquirir mayor relevancia ante el Tribunal Constitucional, debido a que, según indicó, más de 12 recursos de inconstitucionalidad han sido elevados contra el nuevo Código Penal.
A su entender, si el Tribunal Constitucional determina que durante la aprobación de la normativa se produjeron violaciones al procedimiento establecido por la Constitución, podría generarse un escenario que comprometa la validez de la nueva legislación.
La jurista insistió en que el respeto al procedimiento constitucional no es un asunto meramente formal, sino una condición fundamental para garantizar la legitimidad democrática de las leyes aprobadas por el Congreso Nacional.
En ese sentido, sostuvo que la necesidad de contar con un nuevo Código Penal no puede justificar que se obvien las reglas constitucionales que deben seguirse durante su aprobación.
La abogada también abordó otros temas relacionados con el derecho constitucional y la actuación de las instituciones públicas, entre ellos las facultades de los ayuntamientos para sancionar a conductores mal estacionados, las acciones del Tribunal Constitucional orientadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres y el fallo relacionado con el decreto que establece horarios para la venta de bebidas alcohólicas.
