SANTO DOMINGO. – El director nacional de la Defensa Pública, Dr. Rodolfo Valentín Santos, instó de manera enérgica a la Procuradora General de la República a asumir la investigación penal directa de todos los casos denominados “intercambios de disparos” a través de las distintas jurisdicciones del Ministerio Público, advirtiendo que combatir el delito jamás puede significar sustituir a la justicia.
Valentín Santos denunció el alarmante arraigo social que ha tomado el código “poner en 29”, una frase popularizada que, según afirmó, se traduce textualmente como una orden, si se quiere, indirecta por parte de la Policía Nacional para quitarle la vida a un ciudadano. Ante esta realidad, el funcionario fundamentó su exigencia en un sólido marco constitucional y legal que prohíbe las ejecuciones extrajudiciales en la República Dominicana:
El Mandato Constitucional: La Inviolabilidad de la Vida
Abolición Histórica: La pena de muerte fue abolida en la República Dominicana desde junio de 1924, ratificándose de forma ininterrumpida en las constituciones subsiguientes.
Artículo 37 de la Constitución: Establece taxativamente que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, disponiendo expresamente que no podrá aplicarse la pena de muerte bajo ninguna circunstancia.
Artículo 38 de la Constitución: Consagra la dignidad humana como un valor supremo, obligando a los poderes públicos a actuar bajo el estricto apego al Estado de Derecho.
Ley Orgánica de la Policía Nacional (Ley 590-16): Proteger, no Ejecutar
El director de la Defensa Pública recordó que la propia ley de la institución del orden despoja de legalidad estas actuaciones arbitrarias:
Misión Fundamental (Art. 5.1 y 13.1): La misión constitucional y legal de la Policía Nacional es estrictamente “proteger y preservar la vida, la integridad física y la seguridad de las personas”.
Límite de Captura (Art. 13.1, Numeral 6): La función policial se limita a “ejecutar las detenciones y capturas en los casos previstos en la ley”, no a liquidar a los perseguidos.
Prohibición de Tortura (Art. 14.2): Ningún miembro policial puede ordenar, infligir o tolerar actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, sin poder invocar obediencia debida o mandatos superiores.
El Uso de la Fuerza (Art. 14.10): El uso de la fuerza armada “solo será lícito como última opción” y debe obedecer estrictamente a criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Por ende, cuando un agente abate a un ciudadano, la Dirección de la Policía Nacional tiene la obligación inmediata de poner el caso en manos del Ministerio Público.
Características de Asesinato (Ley 74-25 – Código Penal)
El Dr. Rodolfo Valentín Santos advirtió que muchas de las actuaciones policiales actuales configuran crímenes graves tipificados en la normativa penal:
Artículo 92 del Código Penal: Determina que el homicidio se convierte en asesinato cuando concurren las circunstancias de premeditación o acechanza.
Calificación de los Hechos: "Cuando un grupo de policías armados, técnicos y obedientes al poder civil se reúnen, planifican, dan seguimiento, acechan, ubican y le dan alcance a una persona y esta pierde la vida sin una investigación seria, estamos ante actuaciones con características de asesinatos. Quienes los cometen deben responder penalmente", enfatizó el titular de la Defensa Pública.
Obligación Forense y el Rol del INACIF
La transparencia de un Estado de Derecho exige el cumplimiento riguroso de los protocolos de investigación criminal:
Autopsia Judicial Obligatoria (Ley 136-80): Es mandatorio ante toda muerte violenta, repentina o dentro de recintos penitenciarios. El artículo 3 exige además la custodia pericial e inventario estricto de las pertenencias del cadáver entregadas al fiscal.
Rol del INACIF (Art. 2, Ley 454-08): Esta entidad científica tiene la función exclusiva de practicar los análisis técnicos con motivo de un crimen.
Ante esto, el Dr. Valentín Santos lanzó una contundente pregunta abierta: ¿A cuáles y a cuántos casos de supuestos intercambios de disparos presentados por el cuerpo del orden el Ministerio Público les ha remitido al INACIF para una investigación científica real? Sostuvo que esta es una respuesta urgente que las autoridades judiciales le adeudan a la sociedad dominicana.
Mayor Responsabilidad del Ministerio Público (Ley 133-11)
La Defensa Pública recordó que, de acuerdo al artículo 1 de la Ley 133-11, el Ministerio Público es el director exclusivo de la investigación penal y el responsable de la política criminal del Estado, bajo la dirección directa de la Procuradora General de la República. De ahí que reciba la mayor carga de responsabilidad para fiscalizar penalmente las acciones de la Policía Nacional.
Para finalizar, el Dr. Valentín Santos aclaró que estas exigencias no impiden que el Estado enfrente con firmeza la delincuencia. Proteger al ciudadano honrado del robo, el atraco y el homicidio es una obligación fundamental de las autoridades, y los agentes policiacos conservan el derecho a defenderse legítimamente ante agresiones reales demostrables.
Sin embargo, enfatizó que cada "intercambio de disparos" debe obligatoriamente documentarse mediante un informe de hechos, investigación forense y dictamen judicial para certificar que el uso de la fuerza fue lícito, evitando que ciudadanos que hoy son catalogados como delincuentes se conviertan mañana en víctimas inocentes de un sistema sin ley.




