SANTO DOMINGO.-Familiares y representantes legales denunciaron que, en el día de ayer, un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente identificado como Roberto Concepción, acompañado por un mayor del Ejército de apellido Rodríguez, el sargento Santos, del Ejército Dominicano, y un raso aún no identificado, adscritos al departamento de Medio Ambiente y Foresta de la localidad de Cotuí.
Según la denuncia, el grupo ingresó a la propiedad sin orden judicial ni acompañamiento de la Fiscalía de Medio Ambiente, y presuntamente agredió físicamente al maestro constructor Rómulo Antonio Tineo Gómez, quien se encontraba en la finca realizando labores relacionadas con la remodelación de una pequeña vivienda familiar.
De acuerdo con la versión ofrecida por los denunciantes, la agresión ocurrió luego de que Tineo Gómez se negara a entregar su motocicleta a los agentes actuantes. Alegan que la propiedad pertenece a la familia Moya Rincón María desde hace más de 80 años y cuenta con título legal registrado conforme a la legislación inmobiliaria dominicana.
Asimismo, indicaron que los militares rompieron la verja perimetral de madera para ingresar a la finca, causando daños materiales considerables. También denunciaron la incautación de motores, una planta eléctrica, materiales de construcción, sillas, dinero en efectivo y teléfonos celulares pertenecientes a los ocupantes de la propiedad.
Los denunciantes sostienen que el procedimiento se realizó sin una orden emitida por un juez competente y sin representación del Ministerio Público especializado en Medio Ambiente, lo que, a su juicio, constituye una violación a los derechos y garantías constitucionales vinculadas a la propiedad privada y al debido proceso.
Según informaciones obtenidas por la fuente, el director provincial de Medio Ambiente, Franklin Bautista, no habría tenido conocimiento de la situación hasta que familiares y allegados de Rómulo Antonio Tineo Gómez acudieron a las oficinas de Medio Ambiente en Cotuí para denunciar lo ocurrido y solicitar información sobre el paradero del afectado.
Residentes de la zona afirmaron que no sería la primera vez que miembros de este grupo protagonizan acciones similares contra campesinos del área, incluyendo ciudadanos haitianos, alegadamente aprovechándose de su condición migratoria. Los comunitarios calificaron estos hechos como abusos de autoridad y manifestaron preocupación por la conducta de algunos funcionarios y militares asignados a labores medioambientales.
Los propietarios de la finca aseguran que mostraron a las autoridades los títulos de propiedad correspondientes, reiterando que el inmueble posee todas las garantías y protecciones legales otorgadas por el Estado dominicano. Sin embargo, sostienen que dichas evidencias fueron ignoradas durante el operativo.
En ese sentido, señalaron que la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas, específicamente en sus artículos 6 y 9, párrafo I, establecen que las propiedades privadas ubicadas dentro de parques o áreas protegidas no pierden su titularidad ni el derecho al uso y usufructo por parte de sus dueños.
El abogado Juan Tomás Moya, representante legal de Tineo Gómez, calificó el procedimiento como “totalmente ilegal”, argumentando que el rol de las autoridades ambientales debe ser de acompañamiento y colaboración, especialmente cuando se trata de propiedades privadas debidamente tituladas.
Explicó que el único aspecto pendiente relacionado con la propiedad era la renovación de permisos para la remodelación de una pequeña vivienda familiar dentro de la finca, situación que, según afirmó, no justificaba el nivel de fuerza empleado durante el operativo.
Familiares y allegados informaron que Rómulo Antonio Tineo Gómez presenta fuertes dolores y múltiples lesiones como consecuencia de la agresión física denunciada. Indicaron además que fue trasladado al Hospital Inmaculada Concepción, donde permanece ingresado en el área de emergencias.
De acuerdo con el informe médico citado en la denuncia, el afectado fue evaluado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y diagnosticado con trauma ocasionado por escopeta, según certificó el médico legista de la provincia Sánchez Ramírez.
Los denunciantes lamentaron que situaciones de esta naturaleza continúen ocurriendo y pidieron a las autoridades competentes investigar el caso, establecer responsabilidades y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
