CARACAS, VENEZUELA.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la Ley de Amnistía "llega a su fin", apenas dos meses después de su aprobación, una decisión que genera controversia debido a que la normativa no establece una fecha de caducidad y aún hay cientos de presos políticos en el país, según organizaciones independientes.
La funcionaria no ofreció detalles claros sobre el alcance de esta medida ni explicó los fundamentos legales para dar por concluida la aplicación de la ley. No obstante, señaló que algunos casos podrían ser atendidos a través de otros mecanismos del Estado, como el Programa para la Paz y Convivencia Democrática o la nueva Comisión para la Reforma de la Justicia Penal.
Alcance limitado de la ley y cifras bajo cuestionamiento
La Ley de Amnistía, aprobada el pasado 19 de febrero, contemplaba un período de hasta 27 años (desde 1999), aunque en la práctica solo aplicaba a 13 hechos específicos, dejando fuera una gran cantidad de casos. Además, excluía delitos considerados graves como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos, lo que redujo significativamente su impacto real.
Según cifras oficiales ofrecidas por el diputado Jorge Arreaza, más de 8,600 personas fueron beneficiadas, de las cuales solo unas 314 estaban privadas de libertad, mientras el resto tenía medidas cautelares. También se registraron más de 12,000 solicitudes válidas, reflejando la alta demanda del proceso. Sin embargo, hasta el momento no existe un listado oficial de beneficiarios, pese a solicitudes de organismos internacionales.
Organizaciones como Foro Penal han advertido que menos del 25 % de las excarcelaciones de este año están vinculadas directamente a la amnistía, lo que pone en duda su verdadero alcance y efectividad dentro del sistema judicial venezolano.
Diversas organizaciones de derechos humanos calificaron la decisión como arbitraria e inconstitucional, señalando que el Poder Ejecutivo no tiene facultad legal para dar por terminada una ley vigente. Según expertos, este tipo de normativa solo puede ser derogada mediante otra ley aprobada por el Parlamento o por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia.
Entidades como Provea y Acceso a la Justicia advirtieron que esta medida viola el principio de separación de poderes y genera un escenario de inseguridad jurídica, especialmente para quienes aún esperan ser beneficiados por la ley. Asimismo, alertaron que el anuncio podría influir de forma indirecta en los tribunales, limitando la posibilidad de nuevas excarcelaciones.
Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón calificó la decisión como un atropello al Estado de derecho, al considerar que deja en situación de vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal preocupante sobre el manejo institucional de los procesos judiciales en el país.
