SANTO DOMINGO.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reclamó que la investigación del caso Senasa 2.0 alcance a quienes las pruebas identifiquen como organizadores, facilitadores y principales beneficiarios de las presuntas irregularidades. “Esto es ravisa; el pueblo quiere los pejes gordos. Hay que seguir la ruta del dinero y esclarecer quiénes decidieron, autorizaron y se beneficiaron. La ciudadanía merece una investigación completa, capaz de establecer responsabilidades en todos los niveles, sin que el poder económico, el cargo o las relaciones personales se conviertan en protección”, expresó Ulloa.
Debido proceso desde el inicio
El Defensor del Pueblo recordó que el artículo 69 de la Constitución consagra la tutela judicial efectiva y el debido proceso, con garantías como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la intervención de una jurisdicción competente, independiente e imparcial. Afirmó que estos derechos deben respetarse desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso.
“La Constitución obliga al Estado precisamente cuando ejerce su poder de investigar, detener y juzgar. Cada persona debe responder por hechos que puedan atribuírsele mediante pruebas obtenidas legalmente, con oportunidad de defenderse y controvertirlas. La firmeza de la justicia se sostiene en el respeto a esas garantías”, manifestó.
Medidas de coerción: necesarias y proporcionales
El Defensor del Pueblo sostuvo que las medidas de coerción deben ser necesarias, proporcionales y sustentadas en las circunstancias de cada imputado. Explicó que la ausencia de un hecho de sangre no excluye por sí sola la prisión preventiva, y que la gravedad de las imputaciones tampoco justifica imponerla de forma automática.
“El peligro de fuga debe sustentarse en elementos concretos. Corresponde al tribunal valorar los riesgos procesales acreditados y explicar por qué la medida escogida resulta indispensable. Si el impedimento de salida, la presentación periódica u otras medidas previstas por la ley permiten asegurar los fines del proceso, deben ponderarse. La prisión preventiva es excepcional y no puede utilizarse como castigo anticipado”, señaló.
Investigación financiera y continuidad de los servicios
Ulloa exhortó al Ministerio Público a profundizar la investigación financiera, procurar la recuperación de los recursos que se demuestre que fueron sustraídos y esclarecer los mecanismos que permitieron las presuntas irregularidades. Llamó, además, a garantizar la continuidad de la atención a los afiliados de Senasa.
“Detrás de los recursos de la salud hay una persona esperando una consulta, un medicamento o un tratamiento. El país merece conocer la verdad, recuperar su dinero y obtener justicia frente a toda responsabilidad comprobada. Un Estado que funciona para la gente protege la salud, persigue la corrupción y respeta la Constitución en cada una de sus actuaciones”, concluyó.
