SANTO DOMINGO.- La Contraloría General de la República (CGR) inició, por primera vez en el Estado dominicano, la revisión de los procesos de compras mediante los decretos por acontecimientos de emergencias, a fin de detectar la comisión de irregularidades y aplicar los correctivos pertinentes.
Félix Santana García, contralor general de la República, dijo que rindió informes al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona sobre el nivel de cumplimiento de las instituciones que fueron autorizadas por decreto a realizar compras de emergencias como consecuencias de los últimos cinco fenómenos atmosféricos que han afectado a la República Dominicana.
Resaltó que la iniciativa marca un hito sin precedentes, con el que se resalta la transparencia y el buen uso e inversión de los recursos públicos a raíz del seguimiento a estos procesos de compras.
Entre los decretos sujetos a evaluación figuran: 482-22 (lluvias del 16 de agosto del 2022), 537-22 (huracán Fiona), 638-22 (aguaceros del 04 de noviembre del 2022), 398-23 (tormenta Franklin) y 585-23 (lluvias torrenciales ocurridas en el mes de noviembre del 2023).
Entre estos decretos, existen treinta y cinco (35) instituciones en total a las que la Contraloría General de la República (CGR) se encuentra dando seguimiento y que están autorizadas a realizar compras de emergencias.
Santana García explicó que el proceso de revisión tuvo dos enfoques: el primero consistió en el seguimiento a la fiscalización de los recursos mediante el monitoreo del presupuesto estimado para cada proceso y su efectiva ejecución; el segundo, se centró en la identificación de las documentaciones de los proveedores adjudicados que no se encuentran cargados en el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
El funcionario manifestó que los hallazgos sobre los procesos incompletos serán reportados, a su vez, a la Dirección de Auditorías Especiales de la institución, a los fines de contactar a las instituciones en cuestión para que verifiquen los documentos y subsanen las posibles faltas.
Las instituciones evaluadas son los ministerios: de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), Administrativo de la Presidencia (Mapre), de Educación, de Agricultura, de Interior y Policía, de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de Turismo (Mitur), y de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).
Asimismo, el Servicio Nacional de Salud, Programa de Medicamentos Esenciales (Promese-CAL), Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Comedores Económicos del Estado dominicano, Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) e Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Igualmente, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Instituto Agrario Dominicano (IAD), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED), Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).
Además, la Defensa Civil, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (Coraabo), Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Fideicomiso Público-Privado de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Autoridad Portuaria Dominicana, Gabinete de Política Social y la Dirección de Servicios de Atención de Emergencias Extrahospitalarias.
