SANTO DOMINGO.-La Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU) propuso al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional modificar la Ley 32-23 de Facturación Electrónica, a fin de establecer un régimen especial que permita incorporar gradualmente a los colmados y pequeños comercios detallistas.
El presidente de la entidad, Ricardo Rosario, advirtió que las condiciones actuales de la mayoría de estos establecimientos, caracterizadas por limitaciones tecnológicas, problemas de conectividad y falta de personal especializado, dificultan el cumplimiento de las exigencias de la normativa.
«Los colmaderos no nos oponemos a la modernización ni a la transparencia fiscal, pero una ley no puede aplicarse de espaldas a la realidad social y económica del pequeño comercio», expresó Rosario.
La propuesta contempla un período de transición de tres a cuatro años, herramientas gratuitas de facturación electrónica proporcionadas por la DGII, la creación de un régimen simplificado o monotributo y la suspensión de sanciones mientras se desarrolla un programa de capacitación y asistencia técnica.
Asimismo, la CNDU plantea que la DGII ofrezca acompañamiento directo y permanente a los pequeños comerciantes, mediante herramientas gratuitas, orientación y asistencia técnica, para evitar que estos negocios tengan que incurrir en gastos adicionales contratando profesionales, asesores contables o servicios informáticos privados para cumplir con la facturación electrónica.
Rosario explicó que la iniciativa busca sustituir las prórrogas administrativas por un marco legal que garantice mayor seguridad jurídica y condiciones adecuadas para la incorporación de los pequeños negocios al sistema digital.
La CNDU llamó al presidente Luis Abinader, al director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, y a los legisladores a establecer una mesa de diálogo con el sector minorista.
La organización sostuvo que la transformación digital del comercio debe realizarse mediante el acompañamiento y la capacitación, tomando en cuenta el papel de los colmados en el abastecimiento de las familias dominicanas y la generación de empleos en las comunidades.




