SANTO DOMINGO.- Desde ANJE expresamos nuestra preocupación sobre las recientes modificaciones introducidas por el Senado a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley núm. 225-20), las cuales deben observarse con mayor rigurosidad debido al impacto medioambiental y económico que pudieran generar, así como por las implicaciones y desafíos que estos cambios provocarían en perjuicio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de República Dominicana.
Recordamos que la Ley núm. 225-20 fue el resultado de un largo proceso de diálogo y consenso entre los diversos actores del sector productivo, medioambiental y gubernamental, que duró más de 3 años. Sin embargo, la modificación reciente de la ley, aprobada con carácter de urgencia en el Senado, ha producido una creciente preocupación por la falta de consulta.
Por tanto, abogamos que, a su llegada a la Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley cuente con los más amplios mecanismos de participación que las leyes contemplan, a fin de que se escuchen y consideren las observaciones de la ciudadanía y sectores de interés.
Modificaciones de esta envergadura, si son aprobadas de manera apresurada, pueden conllevar incertidumbre y afectar negativamente la estabilidad de las pequeñas empresas que hoy representan más de un tercio del PIB del país.
Como jóvenes empresarios, compartimos el compromiso con la sostenibilidad, un pilar fundamental para el desarrollo a largo plazo de la República Dominicana. La protección del medio ambiente es esencial, pero este esfuerzo debe ir de la mano con políticas que no ahoguen el crecimiento de las empresas.
Aplaudimos el interés demostrado en seguir trabajando por incorporar en nuestro país una economía circular, pero consideramos que los mecanismos para su implementación deben ser viables para todos los actores económicos, prestando atención a los análisis técnicos de los sectores y a las experiencias de países que aplican efectivamente leyes de esta naturaleza.
