SANTO DOMINGO. – El reconocido abogado Angel Lockward, que sirvió a varios gobiernos, vuelve a quedar entrampado en las patas de los caballos de escándalos de corrupción, al ser encartado en el sonado caso Calamar.
En esta ocasión la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que el imputado del caso Calamar, Ángel Lockward Mella, utilizaba testaferros para recibir activos que figuran a nombre de otras personas físicas y jurídicas, pero que realmente le pertenecían a él.
La Pepca sostiene que Lockward Mella, como abogado en ejercicio privado, se asoció con el imputado Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Antonio Lujan Mercedes, Pedro María Veras, Fernando Crisóstomo, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Elaudio Silver, Belkiz Tejada y Emilio Rivas, para de manera fraudulenta realizar procesos de compra y pago de terrenos expropiados a través de la Dirección General de Bienes Nacionales, el Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Añade que con dichos actos ilícitos, estos vinculados desfalcaron y estafaron al Estado dominicano.
Refiere que estos imputados del caso Calamar se coalicionaron para realizar los referidos pagos para la comisión de estos actos ilícitos, utilizando prestanombres y testaferros, y que para recibir el dinero productos de estos, entre ellos Joar Emil Ortiz Hernández, Ángel Gilberto Lockward Cruz y Ángel George Lockward Cruz, estos dos últimos son hijos del imputados Ángel Lockward), así como su oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados S.R.L. y el imputado Agustín Mejía Ávila.
El imputado Ángel Gilberto Lockward Mella colocó bienes en el mercado financiero, producto de los actos ilícitos, a través de certificados financieros de cientos de millones de pesos, comprometiendo su responsabilidad penal y la de su firma de abogados Ángel Lockward & asociados S.R.L., según la Pepca.
Los hechos cometidos por el imputado, y que se detallan en la solicitud de medida de coerción, se subsumen en las conductas típicas establecidas en los artículos 150 y 151, 179, 265, 266 y 405 que tipifican los tipos penales de falsificación de documento, soborno o cohecho, asociación de malhechores y estafa, así como la Ley de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Agrega que Alejandro Antonio Constanzo Sosa también formó parte de la estructura criminal de corrupción para desviar fondos estatales, encabezada por el ex ministro de hacienda, imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz, ex contralor general Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Ángel Lockward Mella, con la anuencia además del fenecido ex director de Bienes Nacionales Emilio Rivas y el ex director del Consejo Estatal del Azúcar Rafael Burgos Gómez, usando empresas de la estructura, y a través de cobros de cesiones de créditos por supuestas deudas inexistentes.
Añade que recibió pagos indebidos como resultado de la autorización irregular de libramientos sin cumplir las formalidades de la ley, lo que alegadamente le permitió enriqueció de manera injustificada utilizando como amparo maniobras y operaciones delictuales que fueron autorizadas en conjunto por el ex ministro de Hacienda, el ex contralor general, y las máximas autoridades del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de la Dirección General de Bienes Nacionales.
Los hechos cometidos por el imputado, y que se detallan en la presente solicitud de medida de coerción, se subsumen en las conductas típicas establecidas en el Código Penal Dominicano que tipifican la asociación de malhechores), estafa contra el Estado y Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Detalla que el también abogado Agustín Mejía Ávila participó en procesos de pagos por expropiación de terrenos, incurriendo en asociación de malhechores con Agustín Mejía Ávila, Ángel Gilberto Lockward Mella y Roberto Santiago Moquete.
Otro caso
El abogado Angel Lockward también lleva una litis de terrenos privados con hoteleros de Puerto Plata.
Al ser contratado por los señores Esmeralda Borodi y Alexander Schaufler, Lockward prefirió el camino mediático en medio de un proceso donde el Grupo Esmiralda fue demandado por incumplimiento de contrato.
Pese que han transcurrido cerca de 10 años desde que cuatro clientes de Grupo Lifestyle compraron terrenos a Esmiralda SRL, empresa de los señores Esmeralda Borodi, Alexander Schaufler y que tiene como abogado a Lockward, a la fecha ninguno ha recibido sus títulos de propiedad.
