Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó la iniciativa impulsada por un grupo de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que procura descontar el salario a los docentes que participen en huelgas o paros laborales, al considerar que dicha propuesta constituye un intento de limitar derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en la legislación laboral dominicana.
El profesor Menegildo De La Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, afirmó que la organización magisterial se opone a cualquier medida orientada a cercenar el derecho de los trabajadores y de las organizaciones sindicales a desarrollar huelgas pacíficas en defensa de sus reivindicaciones.
“El derecho a huelga está consagrado en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 62, numeral 6, y además está reglamentado por el Código de Trabajo en los artículos 401 al 412 de la Ley 16-92. Ninguna iniciativa legislativa puede desconocer derechos que forman parte del ordenamiento jurídico nacional”, expresó De La Rosa.
El dirigente magisterial aclaró que la ADP no es partidaria de recurrir a las huelgas como primera opción y recordó que históricamente las movilizaciones han surgido como consecuencia de incumplimientos por parte de las autoridades educativas frente a las demandas del magisterio y de la comunidad educativa.
Asimismo, destacó que actualmente la ADP participa activamente en una mesa permanente de diálogo con el Ministerio de Educación, en el marco de la política impulsada por el ministro Luis Miguel De Camps denominada “Los Cinco Pilares”, mediante la cual se busca discutir y consensuar soluciones a los principales problemas que afectan el sistema educativo nacional.
“Estamos apostando al diálogo, a la concertación y a la construcción de acuerdos en los niveles nacional, regional y distrital, para que los problemas de la educación dominicana puedan resolverse sin necesidad de recurrir a huelgas”, señaló.
No obstante, De La Rosa advirtió que si las autoridades incumplen los acuerdos alcanzados o desatienden las demandas del sector educativo, la ADP se reserva el derecho de recurrir a los mecanismos de lucha que históricamente han permitido conquistar mejoras para la educación pública y para los trabajadores de la enseñanza.
