SANTO DOMINGO.-A raíz del trágico caso de la menor Briana Genaro González, víctima de violación y asesinato, la abogada penalista Anny Guzmán hizo un llamado urgente a reformar la Ley 136-03, Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de garantizar una protección real y efectiva de la niñez dominicana.
Durante una Entrevista Especial en el programa Despierta RD, transmitido por Telecentro, canal 13, Guzmán sostuvo que, aunque la Ley 136-03 reconoce a la familia como el primer garante de los derechos de los menores, presenta vacíos legales importantes al no establecer consecuencias penales claras cuando existe una omisión grave de protección, ni cuando se produce encubrimiento familiar en delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
“La autoridad parental no es solo un derecho; es un deber jurídico de protección. Cuando ese deber se incumple de manera grave y esa omisión facilita abusos, violencia o incluso la muerte de un menor, el ordenamiento jurídico debe responder de forma clara”, expresó la jurista.
En ese sentido, Guzmán propuso que la Ley 136-03 sea reformada para tipificar penalmente la omisión parental grave, diferenciándola de la negligencia leve, así como para sancionar de forma expresa el encubrimiento familiar, entendido como el silencio, la ocultación de información o la falta de denuncia frente a delitos cometidos contra menores dentro del entorno cercano.
Asimismo, la abogada abordó el debate público sobre la castración química como respuesta frente a los delitos sexuales, señalando que este tipo de medidas no resultan efectivas si se limitan a reaccionar ante el crimen consumado, sin atender las causas estructurales del abuso.
“El abuso sexual no se combate únicamente con respuestas punitivas extremas. Si no se tratan los síntomas —la falta de prevención, la ausencia de detección temprana, la omisión familiar y la debilidad institucional— seguiremos reaccionando a la enfermedad en lugar de prevenirla. La protección de la niñez exige un mecanismo integral, donde actúen de manera coordinada la familia, el Estado y la sociedad”, afirmó.
En un segundo plano, Guzmán explicó que el Código Penal vigente contempla penas severas para los delitos de violación y homicidio, las cuales se agravan cuando la víctima es menor de edad. No obstante, recordó que el nuevo Código Penal, promulgado en 2025, aunque introduce sanciones más severas y figuras específicas para delitos graves contra menores, aún no está vigente, ya que entrará en aplicación en agosto de 2026, y no puede aplicarse retroactivamente.
“Este caso evidencia que no basta con endurecer penas. La verdadera protección de la niñez comienza antes del delito, con leyes claras que prevengan, obliguen y responsabilicen”, concluyó.
