Piedra Blanca, Bonao.- El dirigente perremeísta Luis Abinader afirmó ayer que la virtud de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) elija un Tribunal Superior Electoral (TSE) imparcial, integrado por personas de reconocida probidad, es que con ello se fortalecerá la gobernabilidad democrática y se generará distensión en el crispado ambiente político nacional.
Lo contrario, es decir, escoger jueces que solo respondan a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como los integrantes del TSE que terminan su mandato, agravaría el déficit institucional y traería demandas y sobresaltos que la sociedad dominicana no necesita, consideró el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Sostuvo que el dilema del CNM, que controla el presidente Danilo Medina, es claro: escoger jueces que actúen en base a la ley, y que sean equidistantes de todos los partidos, para que reporten fortalecimiento institucional y sosiego.
“Pero imponer un TSE que en los hechos actúe como un instrumento al servicio del PLD creará conflictos innecesarios y sobrecargará las tensiones que ya tiene el país”, expresó Abinader.
Manifestó que lo conveniente es que el CNM acoja el consenso nacional que sugiere la elección de un TSE no partidista, de lo que saldrá ganando todo el país.
Abinader se refirió al tema durante un intercambio de ideas con dirigentes del PRM en Piedra Blanca, lo que repitió en Maimón, ambos municipios de la provincia Monseñor Nouel.
Abinader dijo que son importantes los avances que está logrando la Comisión Bicameral del Congreso que conoce las reformas a la Ley de Partidos Políticos.
Señaló que los representantes del PRM trabajan para que al final de las discusiones sean incluidos aspectos que garanticen la democracia interna y el desarrollo institucional de los partidos y que, por igual, la Ley del Régimen Electoral quede redactada en términos que garantice la diafanidad y la justeza de los comicios y que imponga severos castigos a los delitos electorales.
Expresó que la clase política dominicana debe superar los retrasos y déficits institucionales, realizando reformas e importantes cambios cualitativos en la conducción del Estado.
