SANTO DOMINGO.– La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó este viernes un auto de no ha lugar a favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, al determinar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no son suficientes para enviarlo a juicio de fondo.
También José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, fue favorecido con un auto de no ha lugar emitido por la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien concluyó que no existen pruebas ni elementos suficientes para que el exfuncionario sea enviado a juicio de fondo.
La decisión fue anunciada durante la audiencia en la que el tribunal dio a conocer su dictamen en uno de los procesos de presunta corrupción administrativa de mayor repercusión en los últimos años. Con este fallo, Castillo queda excluido de enfrentar un juicio oral y público dentro de este expediente, salvo que la decisión sea recurrida por las partes correspondientes.
La decisión fue adoptada por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, al finalizar el conocimiento de la audiencia preliminar, fase en la que se analiza si las evidencias reunidas permiten llevar a los acusados ante un tribunal de fondo.
En contraste, el tribunal dispuso que el exministro de Hacienda Donald Guerrero deberá responder en juicio por las imputaciones formuladas en su contra. La misma decisión alcanzó al abogado Ángel Lockward, varias empresas vinculadas al proceso y otros imputados identificados como Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán y Luis Miguel Piccirilo.
La investigación, desarrollada por el Ministerio Público, gira en torno a un supuesto esquema mediante el cual se habrían realizado desembolsos irregulares de recursos estatales relacionados con expropiaciones de terrenos. Según la acusación, las operaciones investigadas habrían generado un perjuicio millonario al Estado dominicano.
Durante la etapa preliminar, los fiscales presentaron una amplia cantidad de documentos, testimonios y medios probatorios con el objetivo de sustentar las imputaciones contra decenas de personas físicas y jurídicas incluidas en el expediente.
Con la decisión emitida este viernes, el proceso queda dividido entre quienes fueron descargados en esta fase y aquellos que ahora deberán comparecer ante un tribunal de juicio de fondo, donde se determinará si existe responsabilidad penal por los hechos atribuidos por las autoridades.
