SANTO DOMINGO.- El análisis de los beneficiarios del programa “Regreso al Campo” en Santo Domingo Norte y Guerra revela que una parte importante de quienes recibieron ganado ya tenía ingresos provenientes del Estado.
De los 125 beneficiarios identificados, 39 figuran como empleados activos del sector público, lo que equivale al 31 % del total. Otros 15 reciben pensiones públicas, un 12 % adicional.
Debido a que algunos aparecen en ambas categorías, el número total de beneficiarios que perciben ingresos del erario asciende a 52 personas, cerca del 42 % del universo analizado.
Ese grupo concentra 71 de las 180 vacas distribuidas en ambos municipios.
Entre los beneficiarios identificados figura Cecilio Rosario Santana, subdirector de la Dirección General de Migración, quien devenga un salario mensual de RD$150,000.
También aparece Eduardo Muñoz Ramírez, vinculado al Ministerio de Defensa, con un salario mensual de RD$120,000.
Para Wandelpool, la discusión no necesariamente debe centrarse en el monto del salario sino en el nivel de poder que puede tener un funcionario dentro de la administración pública.
“No se trata de cifras. Se trata del nivel de poder que usted pueda tener para incidir en la toma de decisiones”, explicó.
La jurista señaló que cuando programas públicos terminan beneficiando a personas que ya tienen ingresos estatales puede surgir un conflicto de interés.
“Cuando se distribuye una política pública en favor de personas nombradas o pensionadas también se le está quitando la oportunidad a otras familias”, indicó.
