SANTO DOMINGO.- La República Dominicana enfrenta una situación crítica debido a la falta de control sobre la inmigración ilegal haitiana, lo que genera consecuencias negativas en la economía y los servicios públicos. En el marco de febrero, mes de la patria, muchas personas han denunciado la pérdida de empleos debido a la llegada masiva de extranjeros, mientras que los hospitales públicos reportan una saturación de parturientas haitianas, afectando a las dominicanas que requieren atención médica.
Uno de los sectores más impactados es el sistema de salud. La alta demanda de servicios médicos por parte de inmigrantes haitianos ha llevado a la sobrecarga de hospitales públicos, especialmente en las áreas de maternidad. De acuerdo con datos del Listín Diario, entre enero y septiembre de 2024:
El Hospital de Verón, en Punta Cana, registró un total de 701 nacimientos, de los cuales el 84% (588) fueron de madres haitianas. De manera similar, en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en el Distrito Nacional, el 42.4% (2,303) de los 5,426 partos registrados correspondieron a mujeres haitianas. En la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, el 48% (2,030) de los 4,228 partos fueron también de madres haitianas.
En Santiago, de un total de 640 partos registrados, el 50.8% (325) fueron de haitianas. Asimismo, en la provincia de Altagracia, en enero de 2024, el 67.9% de los 330 partos fueron de mujeres haitianas. Además, en octubre de 2024, en 13 provincias del país, el 40% de los partos correspondieron a madres haitianas, destacándose Elías Piña, donde la cifra alcanzó el 80%.
Frente a esta situación, el presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno estudia la posibilidad de cobrar estos servicios médicos a extranjeras, como una medida para frenar la presión sobre el sistema de salud y combatir las redes mafiosas que promueven la inmigración irregular.
Otro punto crítico es el impacto en el mercado laboral. La contratación masiva de haitianos, en su mayoría sin documentación legal y con salarios por debajo del mínimo, está desplazando a los trabajadores dominicanos en sectores como la construcción, la agricultura, el transporte y la hotelería.
El artículo 135 del Código de Trabajo establece que al menos el 80% de los empleados en una empresa deben ser dominicanos; sin embargo, esta normativa no se cumple. Ante esta realidad, han surgido voces que piden sanciones económicas y penales para las empresas que no respetan la ley y contribuyen a la precarización del empleo.
Otro de los efectos de la inmigración descontrolada es el fraude en la obtención de la nacionalidad dominicana. La Constitución establece que la nacionalidad se otorga por el principio de jus sanguinis (derecho de sangre), y no por jus soli (derecho de suelo), lo que significa que los hijos de extranjeros nacidos en el país no son automáticamente dominicanos.
No obstante, se ha denunciado que algunos dominicanos, por intereses económicos, han declarado falsamente como suyos a niños de madres haitianas para que obtengan documentos nacionales, poniendo en riesgo el sistema legal y la soberanía del país.
Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos suspendió fondos de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinados a programas en el país. Según informes, estos recursos eran utilizados para financiar periodistas que promovían la inmigración haitiana ilegal, así como agendas relacionadas con el aborto y los derechos LGBT, temas que han generado controversia en la sociedad dominicana.
En este mes de la patria, crece la preocupación de que República Dominicana esté perdiendo el control sobre su identidad y sus recursos. La cifra de 33,000 niños haitianos nacidos en el país en 2024 representa un serio problema que pocos países estarían en capacidad de sostener sin comprometer su estabilidad.
Ante este panorama, el llamado es claro: el Gobierno debe fortalecer el control migratorio, aplicar las leyes laborales, desmantelar las redes de tráfico de personas y proteger los recursos públicos para garantizar el bienestar de los ciudadanos dominicanos.
