SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó la noche de este jueves la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva y declaratoria de complejidad del proceso que se sigue en contra de 8 personas físicas y 15 empresas o personas morales imputadas en la Operación Gaviota.
Los imputados son Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna Del Cristo Amparo De Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucia Martínez Colón y las personas morales, Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPEES), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL, Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
En el escrito de solicitud de medida de coerción el Ministerio Público detalla los bienes adquiridos por la organización y las distintas maniobras que atizaban para lograr que la personas invirtieran su dinero bajo un falso esquema de inversión.
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Gaviota contra una red que captó más de 3,000,000,000.00 de pesos dominicanos a través de un esquema fraudulento denominado Investor Winner. La organización criminal prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10% al 30%.
Los allanamientos, en los que participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, se realizaron en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. En estos operativos se arrestaron personas y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.
La red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas. Prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir, atrayendo a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas.
Por igual, los imputados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
