SANTO DOMINGO.-Durante su participación en un taller organizado por la OCDE y el INDECOPI la presidenta de ProCompetencia indicó que la institución ha desarrollado una estrategia integral para fortalecer su posicionamiento y difundir el conocimiento sobre la libre competencia.
República Dominicana ha dado avances considerables en materia de promoción y abogacía de la competencia a través de la academia, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y la administración pública.
Así lo destacó la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, al participar como expositora en el “Taller sobre promoción de la competencia: herramientas y consejos prácticos”, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en Perú.
Vásquez Taveras señaló que, a lo largo del tiempo, ProCompetencia ha llevado a cabo una ardua y constante labor de promoción y abogacía entre grupos fundamentales que juegan un rol estratégico en el fomento de la cultura de competencia.
Logros
Explicó que, en el ámbito de la academia, donde no existía formación sistemática en temas de competencia a nivel universitario, la institución ha formalizado más de 10 acuerdos de cooperación interinstitucional con distintas universidades a través de los cuales se ha desarrollado un programa intensivo de actividades formativas que ha permitido capacitar a cientos de estudiantes.
“Estos esfuerzos están produciendo cambios estructurales tangibles en el sistema educativo. De manera concreta, dos universidades han iniciado ya sus procesos para incluir el derecho de la competencia como materia obligatoria en sus programas académicos, lo que representa un avance significativo hacia la institucionalización de esta disciplina en la formación superior”, subrayó.
En el ámbito de la Administración pública se ha implementado un programa sistemático de formación para funcionarios públicos que inciden directamente en las decisiones de contratación y regulación.
El proyecto más ambicioso en este sentido es el Plan de Capacitación sobre Detección de Colusión en los Procesos de Compras para la Administración Pública, un programa que se desarrolla en conjunto con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), a través del cual se han formado cerca de 300 oficiales de integridad y la meta para noviembre de este año es lograr capacitar alrededor de mil funcionarios de esta área.
“Los efectos de estas jornadas ya se han puesto de manifiesto, pues en los casos más recientes de colusión en procesos de compras públicas ha sido posible contar con información clave suministrada directamente por diversas entidades gubernamentales”, destacó.
Vásquez Taveras enfatizó que, en sentido general, la autoridad de competencia ha desarrollado una estrategia integral para fortalecer su posicionamiento institucional y difundir el conocimiento sobre la libre competencia. Esta estrategia combina eventos de alto impacto, publicaciones especializadas y un programa sostenido de capacitaciones.
Destacó que uno de los hitos más significativos que evidencian los esfuerzos de ProCompetencia para la promoción y abogacía de la competencia ha sido aprobación de la Política Nacional de Competencia, la que calificó como la herramienta más poderosa con la que cuenta la República Dominicana en este sentido.
Vásquez Taveras manifestó que la aprobación de esta política es un hito trascendental que evidencia el compromiso del Estado dominicano con la creación de un entorno económico donde la libre y leal competencia sea promovida y protegida de manera coordinada entre las entidades gubernamentales.
Indicó que la Política Nacional de Competencia representa el marco conceptual que sustenta y potencia las acciones de la institución en materia de abogacía, otorgándoles coherencia estratégica y aumentando significativamente su capacidad de influencia en el ecosistema regulatorio dominicano.
Vásquez Taveras explicó que esta política, legitimada por el más alto nivel gubernamental, permite institucionalizar la cultura de competencia en la academia; consolidar la formación en la administración pública; e impulsar la vigilancia normativa sistemática.
Participantes
La representante de la agencia de competencia de República Dominicana disertó junto a Olavo Chinaglia, abogado y expresidente del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil; Diego Morales, director de Competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) de Panamá.
Asimismo, Alejandro Ibarra, investigador asociado del Centro de Derecho de la Competencia de la Universidad George Washington (GWU); Ingrid Ortiz, superintendente de Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia; Felipe Castro, jefe de la División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile; y Bevan Narinesingh, director ejecutivo de la Comisión de Comercio Justo (FTC) de Trinidad y Tobago.
