SANTO DOMINGO.-La Unión Nacional de Importadores de Alimentos (UNIDA) demandó del Ministerio de Agricultura rectificar su decisión de suspensión de los permisos para la importación de cortes de res, pollo y cerdo, en virtud de que violan la Constitución y tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria.
Mediante un comunicado de prensa, el director ejecutivo de la entidad, Gustavo Mejía-Ricart, dijo que, en términos legales, no existe ninguna prohibición de importación de alimentos, a excepción del cumplimiento de los protocolos de control fitosanitarios.
Afirmó que las medidas restrictivas adoptadas, “además de ser jurídicamente improcedentes, provocan serios trastornos en la cadena de suministro nacional y lesionan gravemente el clima de negocios en el país”.
Sostuvo que los importadores se ven en la necesidad de hacer la aclaración, debido a declaraciones del ministro de Agricultura, Límber Cruz, en el sentido de que un grupo de importadores compró productos sin contar con los permisos correspondientes.
“La suspensión de los permisos para las importaciones de cortes de res y cerdo, así como pollo entero, pechugas, muslos, alas, contramuslos supone una gravísima violación, no solo a los compromisos asumidos por el país ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino también a los términos acordaos en el Trato de Libre Comercio DR-CAFTA”, expresó.
Precisó que la actuación de las autoridades de Agricultura afecta el clima institucional, la libre empresa y las relaciones comerciales con los países que suscriben el DR-CAFTA, “muy en especial con los Estados Unidos, país que recibe casi el 55% de nuestras exportaciones y desde donde proviene el 40% de los extranjeros que visitan nuestras tierras”.
Explicó que el ordenamiento jurídico es extremadamente claro cuando otorga a los tratados bilaterales y multilaterales una jerarquía constitucional, por lo cual la adhesión de República Dominicana a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC); al DR-CAFTA, entre otros acuerdos comerciales, un rango de aplicación que va por encima de las leyes ordinarias, los decretos, reglamentos y resoluciones.
Los efectos
Mejía-Ricart alertó sobre el hecho de que si el Ministerio de Agricultura no rectifica su decisión, generará tres efectos particularmente graves para la seguridad jurídica en el país, al aplicar restricciones comerciales que carecen de fundamento legal y que contravienen compromisos internacionales válidamente asumidos.
Además, pone en riesgo las relaciones bilaterales con el principal socio comercial de la República Dominicana, los Estados Unidos de América, agregó, abriendo la posibilidad de que dicho país active los mecanismos de solución de controversias previstos en el DR-CAFTA, con consecuencias económicas y diplomáticas perjudiciales para nuestro país.
Dijo que otra cuestión negativa radica en que “impacta significativamente en la estructura de precios al consumidor, vale decir a más de 11 millones de dominicanos que en el corto plazo pagarán a través de precios más altos”.
