SANTO DOMINGO. – El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún Hernández, denunció ante la Procuraduría General de la República, la puesta en marcha de una plan de descredito y campaña sucia diseñadas y financiadas por el Grupo Punta Cana, Frank Rainiery Y José Ignacio Paliza, en retaliación por las acciones legales emprendidas en contra de la Corporación Aeroportuaria del Este y sus principales ejecutivos, por un fraude de evasión fiscal ascendente a 500 millones de dólares en perjuicio del Estado, perpetrado a través de las sociedades Offshore Airports Management Services, S.A. Y Aviam Ltd.
Surún Hernández explicó que ambas compañías al ser declaradas dolosamente “zonas francas especiales”, se encuentran exentas del pago de impuestos, a cuyo favor se transfieren el 45% de los ingresos por tasas y operación de rampa del aeropuerto de Punta Cana, reduciendo en más de 65% la tasa imponible para el cálculo de impuesto sobre la renta, logrando evadir hasta la fecha más de quince mil millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano.
El jurista dijo que se trata de un plan macabro y perverso que incluye el pago de supuestos abogados y Ongs., algunos de los cuales condenados a 2 y 3 años por faltas, como es el caso de Gregory Castellanos y Mario Fulcar, quienes semanalmente o quincenalmente, aparezcan supuestas “ruedas de prensa” interponiendo denuncias sin pruebas, ni fundamentos, pero que son ampliamente difundidas por gestiones de José Luis Ignacio Paliza y por el empresario Frank Rainier que han destinado más de 400 mil dólares, entregando de 10 a 50 mil dólares a cada supuesto querellante; y todas se refieren a los mismos hechos.
Denuncias y respuestas
Miguel Surún Hernández explicó que la primera denuncia en su contra es del uso 119 millones de pesos, supuestamente sacados del CARD, para la compra de 5 solares en Higüey, donde será construido el Aeropuerto Internacional de Bávaro, propiedad del empresario Abraham Hazoury Toral.
"Le explico a la opinión pública y al país que yo como abogado experto en materia penal y comercial constituí la empresa o sociedad de carpeta CVC ONE, INC., la misma fue vendida en 10 mil dólares al empresario Abraham Hazoury en su totalidad, y luego dicho empresario compró los cinco terrenos en Higüey por el monto antes descrito, por lo que esta primera denuncia es falsa”, indicó el gremialista.
La segunda denuncia se refiere al supuesto mal manejo de 300 millones de pesos a través de cursos, talleres, diplomados y maestrías impartidos por la Escuela Nacional del Abogado, pero resulta que es dicha entidad a través de su director, que organiza dicha formación, y autoriza los pagos correspondientes, director que no es nombrado por el Presidente del CARD, sino por un Consejo Académico, del que es parte del Ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, el Poder Judicial y el Decano de la UASD, donde el CARD se encuentra en minoría.
Agregó que la Escuela Nacional del Abogado es una entidad autónoma en virtud del artículo 27 de la Ley 3-19 del Card, cuyo trabajo de formación es visible y se puede verificar con la entrega de más de 300 mil certificados de formación, con la realización de más de 3,000 cursos de habilitación y cientos de maestrías gratuitas en favor de abogados y abogadas del país.
Y la tercera acusación fue sobre un supuesto manejo inadecuado del Tribunal Disciplinario del Card, el cual se maneja de manera independiente, con sus miembros y actúa de manera justa y equitativa en base a las pruebas.
Pulcritud y Fiscalización
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana destacó que su gestión en el gremio ha sido auditada en siete ocasiones por firmas auditoras privadas de gran renombre y que todas las auditorias reflejaron un manejo correcto y transparente de los recursos del gremio.
Asimismo, informó que todos los estados contables de ingresos, egresos y gastos en general están colocados en la página institucional del Colegio de Abogados, con total transparencia, acción que no era frecuente en anteriores administraciones.
Querellantes
Surún Hernández aclaró que los dos querellantes en su contra los juristas Gregory Castellanos y Mario Fulcar fueron sancionados conjuntamente con el Johny de la Rosa, acusados de sobornar a jueces, en un proceso remitido por el Consejo del Poder Judicial, donde se remitió al Tribunal Disciplinario del Card una comprometedora grabación donde se trata la entrega de dinero para jueces, grabación que colocamos anexo a la nota de prensa.
Abierto a investigaciones
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, entregó autorización a tres personalidades para que confirmen su patrimonio.
"En el día de hoy procedemos a entregar un acto notarial a tres personalidades, entre las cuales se encuentra el Dr. RICARDO NIEVES, para que investiguen todo patrimonio, cuentas bancarias, inmuebles, acciones, incluyendo a nombre de mis padres, mis hijos, hermanos, amigos, relacionados; Tanto local o internacionalmente, que, si encuentran un pincho no declarado, lo cedo a quien lo encuentre o al Estado Dominicano", expresó el abogado.
