SANTO DOMINGO ESTE.- La fiscalía de Santo Domingo Este y Norte solicitó a un tribunal de esta jurisdicción que dicte auto de apertura a juicio en contra de tres personas y una empresa involucradas en una estafa financiera cometida en perjuicio de 117 personas.
El Ministerio Público presentó la acusación formal y la solicitud de apertura a juicio en contra de Marvin Joel Soriano Robles, gerente de la empresa, así como de Roxanna Milagros Villeta Gómez (pareja sentimental de Marvin) y la abogada notaria Noemí Ortiz De Salazar, así como de una empresa dominicana, cuyo nombre se omite por razones legales.
Según expresa el expediente acusatorio, Soriano Robles es el principal responsable de la estafa, extorsión y chantaje contra el grupo de estafados, la mayoría personas vulnerables por su situación económica, quienes residen en diferentes sectores del municipio Santo Domingo Este.
La acusación además establece que las víctimas eran contactadas a través de diferentes redes sociales y luego a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, por medio de las cuales los estafadores le ofrecían limpiarles el historial crediticio, exigiéndole previamente el pago de diferentes montos, entre ellos, por montos desde los RD$50 mil hasta los RD$200 mil, con el argumento de que lo utilizarían para llevar a cabo el proceso. Además, le prometían gestionarles préstamos.
Luego, los estafadores les informaban que ya tenían limpio su historial crediticio, otorgándole un plazo para que le hicieran el depósito de las referidas sumas, y le advertían que de no hacerlo le subirían el interés y le embargarían todas sus cuentas bancarias, además de amenazarlos con quitarles sus vehículos y propiedades para que le pagaran contratos falsos.
En otros casos, luego de que los acusados obtenían copias de los documentos de identidad personal de las víctimas, le embargaban sus cuentas, utilizando para ello contratos y pagarés notariales falsificados, los cuales eran enviados a distintas entidades bancarias, convirtiéndolos en deudores de la empresa.
El procurador fiscal titular Milcíades Guzmán Leonardo, quien dirigió las investigaciones del caso, dio instrucciones estrictas para la elaboración de un expediente robusto que dé como resultado una condena ejemplar.
La investigación, que fue instrumentada por los fiscales Waldimir Reynoso Cabrera y Nehemías Salazar, indica que la empresa alteraba las firmas de las víctimas y según las experticias, falsificaban sus caligrafías, violando así la Ley del Notario.
El Ministerio Público, le asignó al expediente la calificación jurídica contenida en los artículos 14, sobre obtención ilícita de fondos; 15, estafa; 16 chantaje; 17, robo de identidad; 18, de la falsedad de documentos y firmas, de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
También, la violación a los artículos 147, 148, 265, 266 y 405, sobre falsedad en escritura pública o privada, asociación de malhechores y estafa, del Código Penal Dominicano, y los artículos 32 y 61 de la Ley 140-15 del Notario Público, y los artículos 12 y 513 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 479-08.
En la acusación el órgano persecutor también solicitó la fusión de los expedientes, debido a que en un principio hubo 19 denuncias y luego surgieron otras 98, para un total de 117 denuncias presentadas por las víctimas de la estafa.
