MÉXICO.- Hoy llega a su capítulo final el mayor escándalo judicial de México en los últimos años, se trata de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, quien será sentenciado este miércoles en la ciudad de Nueva York, tras ser declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
El exfuncionario mexicano de más alto perfil ha sido juzgado en una corte de Estados Unidos y se enfrenta a una pena entre 20 años y cadena perpetua en prisión.
Además, García acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador del Partido Morena, fundado por la actual presidenta Claudia Sheinbaum de mantener lazos con el narcotráfico, especialmente con diferentes líderes del mundo criminal y sus respectivas familias.
La sentencia pone fin a una saga que se ha extendido durante casi cinco años. García Luna fue capturado el 9 de diciembre de 2019 por agentes de la DEA fuera de su apartamento en Irving, Texas, en pleno proceso de adquirir la ciudadanía estadounidense. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York le imputó tres cargos por conspiración para traficar cocaína, otro por delincuencia organizada y uno más por mentir a las autoridades, al asegurar que nunca había cometido ningún delito en sus trámites de naturalización.
Su vida dio un giro dramático. El exsecretario había sido galardonado como uno de los principales aliados de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, condecorado casi una decena de veces por la CIA y el FBI, y logró amasar cientos de millones de dólares como contratista del Gobierno mexicano tras su paso por el Gabinete de Calderón. Años más tarde, las autoridades lo acusaron de recibir sobornos millonarios para favorecer al Cartel de Sinaloa mientras estaba en la cúpula del sistema político en México.
El veredicto del jurado llegó el 21 de febrero del año pasado y fue unánime: culpable de todos los cargos. El juicio duró cinco semanas e incluyó los testimonios de más de una decena de narcotraficantes, casi todos capturados y extraditados durante el Gobierno de Calderón, que describieron con lujo de detalle la entrega de millones de dólares y costosos regalos a cambio de impunidad y de ganarse el favor del exfuncionario.
Algunos criminales, incluso, tenían placas y uniformes de la policía, participaron en los operativos de captura de sus rivales y eran los verdaderos mandamases detrás las fuerzas del orden en México. El contubernio entre el crimen organizado y las autoridades mexicanas dejó de ser un secreto a voces y se convirtió en una verdad jurídica, que salpicó a políticos, empresarios y grandes medios de comunicación. La verdad, sin embargo, salía a la luz a más de 3.000 kilómetros en la frontera, bajo las reglas de Estados Unidos.
