SANTO DOMINGO.-La diputada de la circunscripción No. 1, del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo, Selinée Méndez, denunció este lunes el colapso silencioso del sistema educativo público del país.
La legisladora al referirse a los resultados de la reciente encuesta realizada por la Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos Públicos (ASONADEDI), advirtió que el sistema educativo dominicano atraviesa una crisis estructural sin precedentes, producto del abandono institucional, la improvisación y la falta de voluntad política del actual gobierno.
“El informe de ASONADEDI revela una verdad dolorosa: estamos frente a un colapso silencioso del sistema educativo público. Más del 60% de las escuelas no tiene aulas suficientes, el 21% se encuentra en condiciones físicas deplorables y más de 3,600 profesores hacen falta para cubrir la demanda. Esta es una emergencia nacional que el gobierno no puede seguir ignorando”, sostuvo la legisladora.
La diputada denunció además que el déficit no es solo de infraestructura, sino también de personal humano y servicios básicos. “Hablamos de escuelas sin luz, sin agua, sin conectividad y sin comedores adecuados. Aulas sin maestros, sin psicólogos, sin orientadores ni personal de apoyo. ¿Cómo pretende este gobierno formar ciudadanos con dignidad en condiciones tan indignas?”, cuestionó.
Asimismo, calificó como alarmantes los reportes de violencia, acoso sexual, presencia de bandas y embarazos adolescentes en casi el 40% de los centros encuestados, muchos de los cuales no cuentan con acompañamiento psicológico ni respuestas institucionales eficaces. “Estos datos no solo reflejan un sistema fallido, sino una niñez y adolescencia expuesta al abandono y al riesgo constante”, agregó.
Méndez también se refirió a la politización de la educación como uno de los obstáculos más graves para su desarrollo. “Los directores están denunciando presiones indebidas, amenazas e incluso intentos de traslados. Esto confirma que el gobierno ha puesto la educación al servicio de intereses partidarios, no del bienestar colectivo”, indicó.
En ese sentido, la diputada Selinée Méndez exigió al actual ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, comparecer de inmediato ante el Congreso Nacional para rendir cuentas sobre las condiciones en que recibió dicha cartera, tras la salida del exministro Ángel Hernández Castillo, a quien responsabilizó de haber profundizado la crisis estructural del sistema educativo público.
Méndez recordó que el año pasado sometió ante el Congreso Nacional el trascendental proyecto de ley titulado “Ley de Garantía de Inscripción y Sanciones por Negligencia en la Provisión de Cupos Educativos en las Escuelas Públicas”, cuyo propósito es asegurar el derecho al cupo escolar y la reinscripción prioritaria de los niños, niñas y adolescentes dominicanos en las escuelas públicas del país.
Esta iniciativa, aún pendiente de conocimiento y aprobación por parte de la Cámara de Diputados, surgió como respuesta a múltiples denuncias de exclusión, hacinamiento y desplazamiento de estudiantes en su propio sistema educativo, una realidad que vulnera derechos fundamentales y amplía las brechas de acceso a la educación.
Con esta pieza legislativa, la diputada Méndez enfrenta una problemática creciente en sectores vulnerables, donde cientos de familias viven cada año la angustia de no encontrar cupo escolar para sus hijos, pese a ser dominicanos y estar estudiando en dichos centros que luego le niegan la reinscripción. El proyecto representa un paso firme hacia la equidad y la estabilidad educativa que demanda la sociedad.
Méndez explicó que el marco legal propuesto busca obligar al Estado a garantizar la disponibilidad y asignación justa de plazas escolares, priorizando a los estudiantes dominicanos, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de blindar su permanencia en el sistema educativo público sin interrupciones.
Finalmente, la diputada opositora reiteró su compromiso con la defensa de la educación pública y advirtió que, desde el Congreso Nacional, continuará fiscalizando y exigiendo políticas públicas reales y eficaces que garanticen el derecho a una educación digna para todos los niños, niñas y adolescentes dominicanos.
