Khurtsidze, un púgil residente en Nueva York, pero oriundo de Georgia, país que pertenecía a la desaparecida Unión Soviética, fue arrestado a mitad de semana como uno de 33 sospechosos de pertenecer a una banda criminal rusa organizada, contra la que pesan acusaciones de tráfico ilegal de tabaco y drogas, robo, apuestas ilegales, crimen organizado y contactar asesinos a sueldo, entre otras.
Según se informó, las autoridades invocaron la Ley conocida como RICO Act, la cual fue creada para desarticular organizaciones criminales en Estados Unidos.
El georgiano, que amasaba formidable récord profesional de 33-2-2, 22 KO’s y era el campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tenía previsto retar el próximo 8 de julio a Billy Joe Saunders (24-0, 12 KO’s) por el título mediano de esa misma organización en una cartelera en Reino Unido.
Sin embargo, luego de su arresto, Khurtsidze fue puesto bajo custodia por un juez de Nueva York en lo que se ven los detalles de su caso, lo que provocó inmediatamente la cancelación de su combate.
“Queensberry Promotions nos informó que el retador mandatorio de Billy JoeSaunders, Avtandil Khurtsidze , fue arrestado en Nueva York bajo el Rico Act. Por lo tanto, su pelea pautada para el sábado 8 de julio en el Cooper Box Arena no podrá efectuarse en la fecha estimada ya que no podrá viajar”, expresó mediante comunicado de prensa el promotor del evento, Frank Warren.
Según publicó el Seattle Times, la evidencia en contra de Khurtsidze incluye la grabación de un vídeo en el que se ve al púgil propinándole una paliza a un hombre que resultó ser un informante de la Policía. También se ve involucrado en otra escaramuza en la que miembros de la organización criminal apalearon a otra persona que se cree estaba robando dinero en medio de un juego ilegal de póker.
Mientras, la familia del atleta pidió la intervención del Ministro de relaciones exteriores de Georgia, Georgy Kvirikashvili y su homólogo de asuntos energéticos, KakhaKaladze, quien fuera un famoso jugador de fútbol de ese país.
No se ha reportado alguna reacción de ninguno de los dos funcionarios georgianos.
Aunque todavía se desconocen las penas a los que podrían enfrentarse los implicados, la RICO Act contempla desde una multa de $25,000 hasta 20 años de cárcel.