SANTO DOMINGO.– La querella formal presentada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) contra la empresa Dekolor, S.R.L. y sus principales ejecutivos, Rogelio Ramón Oruña Aguilar y Sandra Oruña, podría tomar un nuevo giro con la posible incorporación de gremios del transporte como intervinientes voluntarios en el proceso judicial.
La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), junto a otras organizaciones del sector, evalúa unirse a la acción penal tras considerar que el caso representa un intento de socavar la institucionalidad del transporte público.
El expediente depositado por el INTRANT ante el Ministerio Público detalla un presunto entramado de corrupción que incluye intento de soborno, amenazas, presión mediática y obstrucción de procesos administrativos en perjuicio de la institución. Según la acusación, el empresario Rogelio Oruña habría intentado influir sobre el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, mediante pagos ilícitos y presiones públicas.
Mario Díaz, abogado y presidente de FENATTRANSC, calificó el caso como un "atentado contra el sistema de transporte nacional" y advirtió que “sectores oscuros, molestos por la transparencia de la gestión actual, buscan desestabilizar el avance institucional”.
La posible intervención de los gremios del transporte sumaría mayor peso simbólico y jurídico a la causa, reforzando el respaldo al INTRANT y a su director ejecutivo en medio de una campaña de descrédito que, según Díaz, busca frenar las reformas que tiene en curso la actual administración.
