SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que fueron enviados casi cincuenta casos a la Procuraduría General de la República (PGR) relacionados con la estafa inmobiliaria multimillonaria que fue desarticulada a través de la Operación Guepardo.
Este martes, un juez de la Oficina de Atención Permanente de La Romana evaluará las medidas de coerción para los involucrados en este caso.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que los expedientes fueron remitidos a la Fiscalía de La Romana tras recibir la institución numerosas denuncias y reclamaciones de personas que habían sido víctimas de estafas. Esta red delictiva operaba a través de las empresas Novasco Real Estate, RR Marketing Group, Rodeca Marketing Group y RE/MAX One, que promocionaban propiedades en redes sociales y aceptaban transferencias de compradores de República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y diversos países europeos.
Un proceso penal en marcha
Alcántara señaló que Pro Consumidor decidió remitir los casos debido a la existencia de un proceso penal en curso ante los tribunales. «Los casos abarcan un período determinado y, de ellos, varios ya han recibido resoluciones», afirmó el funcionario.
En total, 46 expedientes fueron entregados a la Procuraduría el día de ayer, según informó Alcántara. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, las víctimas fueron engañadas con proyectos inmobiliarios falsos promocionados por las mencionadas empresas.
El titular de Pro Consumidor reiteró el compromiso de la institución de colaborar con las autoridades para garantizar que se haga justicia y se protejan los derechos de los afectados.
Medidas solicitadas por el Ministerio Público
En la audiencia de medida de coerción que se celebrará este martes, el Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores para cometer estafas, así como violaciones a la Ley de Alta Tecnología y la Ley de Lavado de Activos.
Muchas de las víctimas de esta estafa millonaria buscaban adquirir apartamentos en proyectos promocionados en redes sociales y residen tanto en República Dominicana como en el extranjero.
