Faustino Reyes Díaz.
Neyba, Bahoruco.-Luego de la creación de una serie de municipios y provincias, las residencias de varios notarios quedaron ubicadas fuera de las jurisdicciones donde habían sido autorizados a ejercer ofrecer sus servicios; mientras, hay instituciones que utilizan esos profesionales fuera de sus demarcaciones, en franca violación a la normativa del notariado en el país.
Esta situación, preocupa a la Presidenta del Colegio Dominicano de Notarios, Laura Sánchez Jiménez, quien reclamó da la Suprema Corte de Justicia (SCJ), una resolución que regule el ejercicio en lugares donde el territorio fue fragmentado.
“En el Distritito Nacional, tenemos unos cuantos años esperando que la SCJ dictamine sobre la jurisdicción del notario debido a que la Provincia Santo Domingo fue creada luego de que los notarios éramos tanto de la provincia como del distrito”, dijo Sánchez Jiménez.
El mismo reclamo, lo hizo Julio Medina Pérez, Secretario General de la Seccional del Colegio de Abogados en la Provincia Bahoruco, a raíz de la elevación a municipios de los Ríos y Galván, que cuando eran distritos pertenecían a Villa Jaragua y Neyba.
“Queremos que la SCJ designe notarios en cada uno de esos municipios, porque no los hay y que se cumpla la Ley del notario que es lo más conveniente”, dijo Notario y dirigente de los profesionales del derecho.
EXHORTACION A LAS INSTITUCIONES
Al encabezar un encuentro con su clase profesional, en el salón de actos del ayuntamiento de aquí, con la presencia del Alcalde José Darío Cepeda Medina, Laura Sánchez, exhortó a las instituciones públicas, privadas y descentralizadas a respetar el artículo 19 de la Ley 140, que establece que los notarios son por jurisdicciones.
“Por ejemplo, los notarios de aquí de Bahoruco, Independencia y Pedernales, como de otras jurisdicciones, se quejan de los bancos y otras instituciones porque utilizan notarios del Distrito Nacional nada más, cuando ellos tienen su jurisdicción”, dijo Sánchez Jiménez.
La Presidenta del Colegio de Notarios, dijo que sus colegas de las citadas provincias fronterizas reclaman porque, de acuerdo a la ley, a ellos les corresponde notarizar los contratos que llevan esas instituciones sus demarcaciones.
