SANTO DOMINGO.- Mario Diaz advierte que la sociedad dominicana observa con atención y preocupación las sugerencias elaboradas por el Consejo Económico y Social (CES), recientemente entregadas al Honorable Presidente de la República, Luis Abinader, y que en los próximos días serán puestas en manos de los expresidentes de la nación, ya que a su juicio dichas propuestas abarcan los principales temas de interés nacional, pero han despertado inquietudes en la ciudadanía respecto a la posibilidad de que se incluyan disposiciones que comprometan la política migratoria del país.
El abogado y dirigente sindical del transporte, enfatizó que uno de los asuntos más sensibles para la población es el problema migratorio haitiano, que por décadas ha representado un reto para la soberanía, la seguridad y los recursos del Estado dominicano.
La experiencia de la Ley 169-14:
Díaz advirtió que la ciudadanía espera que no se repitan situaciones como las generadas en el año 2014, cuando bajo la administración del expresidente Danilo Medina se promulgó la Ley 169-14, conocida como la Ley de Régimen Especial, esta disposición otorgó facilidades de regularización y naturalización a personas nacidas en territorio nacional de padres extranjeros en situación irregular, lo que en su momento fue objeto de fuertes críticas por entenderse que abrió una puerta peligrosa en la ya compleja relación migratoria con Haití.
“El pueblo dominicano no puede permitir que se vuelva a lacerar nuestra desangrada situación migratoria, no podemos tocar ni con el pétalo de una rosa este tema tan delicado, los dominicanos no aguantamos una gótica más en nuestra copa de nacionalismo”, afirmó Díaz.
Una presión demográfica y social creciente
La advertencia del abogado y dirigentes sindical cobra relevancia frente a la realidad que muestran las cifras oficiales y estudios independientes; según datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), en República Dominicana residen más de 497,800 inmigrantes haitianos, cifra que representa cerca del 87% de toda la población extranjera en el país, si se suman los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano, la cifra supera las 750,000 personas.
A esta presión demográfica se agrega la carga sobre servicios de salud y educación, según informes del Ministerio de Salud Pública han evidenciado que, en provincias fronterizas y hospitales materno-infantiles, más del 30% de los partos corresponden a mujeres haitianas, del mismo modo, el sistema educativo nacional acoge decenas de miles de niños de origen haitiano, situación que implica importantes retos presupuestarios y de planificación.
Llamado a la prudencia y firmeza:
Díaz señaló que, frente a este panorama, cualquier medida que surja de las propuestas del Consejo Económico y Social (CES) debe ser evaluada con máxima prudencia, evitando repetir errores que vulneren el interés nacional.
“El pueblo dominicano está vigilante, la soberanía no se negocia y mucho menos se debilita con pactos o resoluciones que busquen dar soluciones fáciles a un problema estructural y complejo como la migración haitiana, confiamos en el Presidente Abinader por que ha mostrado firmeza en este tema, y la población espera que esa posición se mantenga sin concesiones”, puntualizó el dirigente sindical.
Diaz hizo un llamado a las autoridades y a los empresarios privados para mecanizar la agricultura y las construcciones modernizándolas para así depender menos de la mano de obra haitiana, e instó a los actores sociales del (CES), a actuar con responsabilidad, garantizando que los consensos en discusión protejan la seguridad nacional, la estabilidad social y la identidad cultural de la República Dominicana.
