SANTO DOMINGO.- La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el jueves pasado un proyecto de ley que incluye, además de extensas reducciones de impuestos, aumentos en el gasto de defensa y seguridad fronteriza, y recortes significativos en programas sociales como Medicaid y SNAP, un impuesto del 3.5% sobre las remesas internacionales, medida que ha generado preocupación entre los países receptores y las comunidades migrantes.
Ahora se espera que sea conocido por el Senado de los Estados Unidos para convertirlo en ley. Los líderes republicanos del Senado han manifestado su intención de aprobar la legislación antes del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.
El Partido de la Liberación Dominicana expresa por este medio nuestra preocupación y rechazo a la posible implementación de un impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos por nuestros compatriotas, por ser una medida que establece una doble tributación para nuestros compatriotas, quienes tienen que pagar impuesto sobre la renta por el ingreso percibido y después tendrían que tributar nuevamente un 3.5% para enviar las remesas a sus familiares.
Además, las remesas están destinadas a apoyar a los sectores más pobres de la población de los países receptores, aun cuando estos residan fuera de los Estados Unidos, por lo que resulta un contrasentido que una de las naciones con uno de los niveles de ingreso per cápita más alto del mundo intente fortalecer su posición fiscal a costa de la población con más carencias de naciones, en general, también empobrecidas.
La pérdida de ingresos por esta medida representaría una amenaza que debilitaría las bases económicas y sociales de cientos de miles de hogares dominicanos y profundizaría la preocupante inequidad que persiste en nuestro país.
Las remesas no son un privilegio: son el fruto del sacrificio de quienes emigraron en busca de un futuro mejor, y hoy sostienen con su trabajo a sus familias, a sus comunidades y al país entero. Penalizarlas es una muestra de falta de solidaridad de una nación como los Estados Unidos, que siempre se ha caracterizado por su benevolencia y apoyo a los más pobres.
De implementarse este impuesto, sumado a una comisión de transferencia del 7%, se podría reducir hasta en un 10.5% el ingreso neto que reciben los hogares dominicanos. En un país donde más de un millón de personas dependen directa o indirectamente de las remesas, este recorte equivale a empujar a miles de familias hacia la pobreza, frenar el consumo local y afectar negativamente la estabilidad del tipo de cambio y las reservas de divisas.
Téngase presente que la República Dominicana recibió en 2024 remesas por valor de US$10,756 millones. De esa cantidad, el 85% vino de Estados Unidos. De manera que una reducción de un 10.5% significaría que el país perdería US$960 millones en ingresos netos que antes llegaban a los hogares, cubriendo en muchos casos gastos escolares, de salud o alimentación.
Nos preocupa la tibieza con la que el gobierno ha reaccionado ante esta amenaza. No basta con declaraciones de ocasión. Se necesita una diplomacia activa, firme y regionalmente coordinada. El país debe alzar su voz en defensa de sus ciudadanos y ciudadanas migrantes, denunciar esta injusticia fiscal y trabajar con otros países del Caribe y Centroamérica para frenar colectivamente esta ofensiva contra los derechos económicos de nuestras comunidades en el exterior.
El PLD exige al gobierno dominicano que, en el marco de su responsabilidad de protección a todos los habitantes de la isla, abogue ante las autoridades estadounidenses para que Haití sea exonerado de estas medidas tanto las arancelarias como del impuesto a las remesas, considerando la crítica situación humanitaria que atraviesa la nación hermana. Asimismo, demandamos que el gobierno presente de manera transparente al pueblo dominicano su plan estratégico para evitar la implementación de estas medidas perjudiciales y, en caso de que sean aprobadas, cuál será su estrategia para mitigar su impacto en nuestras familias y en la economía nacional.
Desde una visión progresista, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cree fielmente que el Estado dominicano tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos donde quiera que estén. Esto implica reducir las comisiones de transferencia, crear incentivos para el uso de canales financieros formales, y promover mecanismos para que las remesas se transformen en ahorro, inversión y desarrollo local. Implica también exigir que la comunidad internacional respete el derecho de los pueblos a sostenerse dignamente sin ser castigados por su condición migrante.
El PLD le hace un llamado al gobierno dominicano a actuar, a construir alianzas con los países hermanos de la región, y a defender sin titubeos a nuestra diáspora. Los dominicanos y dominicanas en el exterior no son una fuente de ingreso para gravar: son parte de nuestra nación, y merecen respeto, protección y gratitud.
