SANTO DOMINGO.- Autoridades y usuarios del mercado de valores se encuentran en un proceso de revisión y consulta pública del proyecto de Reglamento sobre Seguridad Cibernética y de la Información en el Mercado de Valores, cuyo objeto es establecer los criterios y lineamientos generales que deben adoptar los participantes de dicho mercado para procurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.
Así lo notificó ayer Enmanuel Cedeño, intendente de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), durante su participación en el Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento (CIRC), donde destacó el rol de la entidad ante la lucha contra entramados de estafas y delitos financieros.
"No había un reglamento de ciberseguridad en el país (para el mercado de valores). No quedaba claro cuál era el procedimiento para los participantes que no son del sistema de pago; los participantes del mercado de valores como los puestos de bolsa, las administradoras de fondos de inversión y las proveedoras de precios", indicó el funcionario.
El documento, sometido nuevamente el 21 de marzo del 2023, tenía aproximadamente seis años, desde el 2018, que no completaba el proceso de análisis y aprobación para dotar a los reguladores y participantes las especificaciones para establecer mecanismos de respuesta conjuntos ante incidentes que puedan surgir durante las operaciones del mercado.
Cedeño consideró que el mercado de valores está más fortalecido y hay menos brecha para que se desarrollen esquemas de estafas, sobre todo con monedas digitales. "Si usted quiere hacer un fraude o delito financiero con criptomonedas este es el peor momento para hacerlo", dijo.
Recordó que la Superintendencia cuenta con un programa de advertencias con el que buscan ofrecer información a los usuarios para que conozcan las entidades reguladas para hacer transacciones en el mercado. La estrategia tiene más de un año de implementación, con más de una decena de casos que se publican en la página web de la entidad reguladora.
Argumentó que él no califica la actividad no regulada como buena ni mala, pero recuerda que son operaciones al margen del ente regulador, por lo que las personas que invierten su dinero corren el riesgo de perderlo.