Santo Domingo.- Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del Sida. Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión de un problema de salud pública que tiene República Dominicana.
De igual manera desde el Voluntariado GLBT Dominicano vemos como las desigualdades entre dominicanos y nacionales haitianos que viven con VIH en el país se perpetúan en los Servicios de Atención Integral (SAI), y por lo que abordarmos esta situación como es el tema del abandono de sus tratamientos de retrovirales por la discriminación contra los dominicanos en dichos centros de salud; cuales son atendidos de último por los servidores de salud y priorizan a los migrantes haitianos, aún estos sin documentación como cédula o pasaporte. Por lo que en este Día Mundial del Sida, hoy 1 de diciembre, el Voluntariado GLBT insta al Estado dominicano a abordar las desigualdades que están frenando el progreso para poner fin al SIDA como establece la Ley 135-11 sobre VIH y SIDA.
De igual manera el Estado vía el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) debe aumentar la disponibilidad de los medicamentos, la calidad y la idoneidad de los servicios para el tratamiento, las pruebas y la prevención del VIH, para que todas las personas reciban la atención que precisan sin importar su orientación sexual, identidad de género, nacionalidad o cualquier otra condición humana.
Pues vemos que de 78 mil que viven con VIH unas 66 mil que han tenido accesos en algún momento a tratamientos retrovirales y de esos, hay 46 mil con el tratamiento activo, pero entre 18 y 20 mil personas han abandonado sus tratamientos, atribuído a factores como el estigma y la discriminación por parte de los prestadores de servicios de salud y por atender primero a los migrantes haitianos que los dominicanos, aún estos primero lleguen tarde a su cita.
Culminamos aclarando que en lo que va del 2022 se han producido unas 2,400 nuevas infecciones por VIH sin que desde el CONAVIHSIDA se tenga ningún plan de prevención y sensibilización en los medios de comunicación y en la sociedad en general del uso del condón, así violando la Ley 135-11 que establece la responsabilidad de dicho órgano del Poder Ejecutivo de crear las políticas públicas sobre educación y prevención del VIH tanto en el sector público como privado.
