REDACCIÓN.-Un juez federal ordenó a la administración del presidente estadounidense Donald Trump que suspenda temporalmente el congelamiento de fondos que paralizó la ayuda humanitaria y el trabajo de desarrollo de Estados Unidos en todo el mundo, y estableció un plazo de cinco días para que el gobierno demuestre que está cumpliendo con la orden.
En la decisión del juez, emitida la tarde del jueves, se menciona la devastación financiera que el corte casi inmediato de los pagos ha causado a proveedores y organizaciones sin fines de lucro que proporcionan gran parte de la ayuda de Estados Unidos en el extranjero.
Esta es la primera resolución que objeta el congelamiento de fondos de la administración republicana. Se produce en medio de un creciente número de demandas por parte de grupos de empleados del gobierno, organizaciones de ayuda y proveedores gubernamentales que han pedido a los tribunales que reviertan el acelerado desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y de la asistencia exterior de Estados Unidos en general.
Trump y su asistente, Elon Musk, afirman que la agencia de ayuda, con seis décadas de antigüedad, así como gran parte de la asistencia exterior en general, están en discordancia con la agenda del presidente republicano.
Los funcionarios del gobierno “no han dado ninguna explicación de por qué una suspensión general de toda la ayuda exterior asignada por el Congreso, que provocó una onda de choque y alteró” contratos con miles de grupos sin fines de lucro, empresas y otras entidades, “fue un precursor racional para revisar los programas”, dijo el juez Amir H. Ali en su fallo.
Contratistas, agricultores y proveedores de Estados Unidos y de todo el mundo afirman que el congelamiento de fondos del gobierno de Trump les dejó sin cientos de millones de dólares en pagos por trabajos ya realizados, les obligó a despedir personal y ha puesto rápidamente a muchos de esos organismos cerca del colapso financiero.
Agricultores y otros proveedores y contratistas dicen que hay fortunas en ayuda alimentaria no entregada pudriéndose en puertos, y que otros tipos de ayuda no distribuida están en riesgo de ser robados.
El juez ordenó al gobierno que notificara la suspensión temporal a cada organización que tuviera un contrato de ayuda exterior existente con el gobierno federal. Estableció el martes como plazo para que la administración demostrara que lo había hecho y que cumplía con la orden.
