SANTO DOMINGO.- Este lunes es la fecha límite para que el Gobierno dominicano presente el informe preliminar sobre el trágico colapso de la discoteca Jet Set ante la Procuraduría General de la República.
Este informe es crucial para determinar las causas del trágico suceso ocurrido el pasado 8 de abril, que cobró la vida de más de 230 personas y dejó un centenar de heridos tras el desplome del techo del popular centro de diversión en Santo Domingo.
El 8 de abril durante un concierto de merengue con el afamado cantante Rubby Pérez, el techo de la discoteca colapsó, provocando una de las peores tragedias en la historia reciente de República Dominicana.
El lamentable incidente dejó un saldo de 230 fallecidos y alrededor de 180 heridos. Muchas familias quedaron destrozadas, con 174 niños y adolescentes huérfanos.
Después del suceso, se inició una investigación para esclarecer las causas del derrumbe. El Gobierno designó una comisión técnica para indagar los hechos, y la Procuraduría General de la República incautó los terrenos de la discoteca como parte de las pesquisas.
Desde el inicio, las autoridades habían prometido entregar un informe preliminar para dar a conocer los hallazgos iniciales. A mediados de mayo, se había anunciado que este informe estaría listo en unas dos semanas.
A dos meses de la tragedia, familiares y la sociedad dominicana en general han expresado su preocupación por la lentitud de la investigación y la falta de resultados concretos. Se ha reportado que la discoteca Jet Set, con 50 años de historia, nunca había sido sometida a inspecciones estructurales por parte del Estado, lo que ha llevado a algunas víctimas a considerar demandas contra los propietarios del establecimiento.
La entrega de este informe preliminar a la Procuraduría es un paso fundamental para el avance del proceso judicial y para que se establezcan las responsabilidades correspondientes en este trágico caso que ha conmocionado a la nación. Sin embargo, es importante destacar que los hallazgos de este informe no serán divulgados públicamente hasta que la Procuraduría lo determine, en respeto al proceso judicial en curso.
