SANTO DOMINGO.- En medio del cierre del año escolar 2024-2025 y con miras a iniciar el próximo ciclo educativo bajo un nuevo esquema de gobernanza, el Dr. Guillermo Moreno ha manifestado su oposición a la anunciada fusión entre el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), decisión que el Gobierno oficializó tras su anuncio en octubre del año pasado.
Desde su visión crítica y comprometida con una educación pública de calidad, Moreno considera que esta integración carece de sentido técnico, pedagógico y estratégico.
“Por más vueltas que le doy, no logro convencerme de la pertinencia de esta decisión”, expresó en una reciente intervención pública.
Para el dirigente político y abogado, esta fusión desconoce las profundas diferencias entre los niveles educativos que representan ambas instituciones.
“Estamos hablando de poblaciones estudiantiles completamente distintas. La educación escolar se dirige a niños, adolescentes y jóvenes menores de edad; mientras que la educación superior involucra a jóvenes adultos y profesionales en formación”, subrayó.
Además, Moreno alertó sobre el riesgo de desnaturalizar el enfoque de cada sector.
“La educación escolar se basa en la pedagogía y el aprendizaje progresivo, mientras que la educación superior responde a una lógica académica de investigación, desarrollo científico y formación especializada”, afirmó.
Pero la preocupación más grave, en palabras del presidente de Alianza País reside en la amenaza presupuestaria que esta fusión implicaría: “Lo más preocupante es que se pretende financiar la educación superior con el 4% del PIB asignado exclusivamente a la educación escolar.
Esto significaría una regresión y una afrenta a una de las conquistas más importantes de la ciudadanía en la última década”.
Guillermo Moreno llamó a la ciudadanía, al sector educativo y a la clase política a exigir garantías de que el 4% del PIB siga siendo destinado exclusivamente al fortalecimiento de la educación inicial, primaria y secundaria.
“No podemos permitir que se vulnere un logro ciudadano por una decisión administrativa sin justificación pedagógica ni beneficio probado”, concluyó.
Con el próximo año escolar a punto de iniciar bajo esta nueva estructura, crece el debate público en torno a una medida que de ejecutarse va a podría redefinir el futuro de la educación dominicana.
