Redacción.-Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron el petrolero Aquila II, una embarcación vinculada a Venezuela, en el Océano índico durante una operación anunciada en la noche del nueve de febrero por el secretario de Defensa estadounidense.
Las imágenes difundidas por el Pentágono muestran el despliegue realizado a plena luz del día, lo que sugiere que el horario comunicado corresponde a la franja de Estados Unidos. Los datos de ubicación del buque, recogidos en la misma fecha, confirmaron la presencia del Aquila II en aguas del índico, mientras que fuentes del Departamento de Defensa señalaron que la nave fue rastreada desde el Caribe hasta su localización final.
El mensaje oficial publicado en la red social X detalló que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “derecho de visita, interdicción marítima y abordaje” sin incidentes, dentro del área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico (INDOPACOM). El comunicado subrayó que el Aquila II operaba en desafío a la cuarentena establecida para buques sancionados en el Caribe. Tras intentar evadir la persecución, el petrolero fue seguido y finalmente interceptado por unidades militares estadounidenses. El Departamento de Defensa resaltó la capacidad de las fuerzas armadas para imponer su voluntad “por tierra, aire o mar”, y afirmó: “Ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en ningún ámbito. Por tierra, aire o mar, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán e impartirán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros”.
Desde finales de 2025 y durante los primeros meses de 2026, Estados Unidos ha intensificado una política de interceptación y abordaje de buques petroleros relacionados con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Esta estrategia, enmarcada en una escalada de tensiones diplomáticas y militares, se divide principalmente en dos frentes: la persecución de la denominada “flota oscura” petrolera y las operaciones letales contra presuntas redes de narcotráfico en el Caribe. El gobierno estadounidense ha justificado estas acciones señalando que los barcos sancionados violan las normas internacionales, operan con “banderas de conveniencia” y navegan con transpondedores apagados para ocultar su origen y destino.
